Habrá "catastrazo" en Carreño. El tipo impositivo que se aplica para recaudar el impuesto por tener una vivienda en propiedad se mantendrá en 2014 en el 0,68%, lo que hace efectiva la previa revisión catastral, que hará que las viviendas tengan un valor un 56% de más media. Esa es la apuesta del gobierno del PSOE y Compromisu de Carreño, que contó con el respaldo del PCPE ayer en el Pleno, a cambio de grabar los bienes de la iglesia no dedicados al culto o a fines solidarios. Juntos sumaron ocho votos, de los nueve que hacían falta. Pero la propuesta alternativa, representada por otros ocho partidos, entre ellos PP y Foro, no pudo salir adelante. IU se abstuvo, lo que hizo válido el voto de calidad del Alcalde, Ángel Riego.

A partir de ahora, el recibo de la contribución, que se paga en el mes de noviembre precisamente, subirá considerablemente en los próximos diez años. En el 2022 ya se habrá sufrido esa subida media del 56%. Aunque en noviembre de 2014 los vecinos de Carreño con una vivienda en propiedad no apreciarán la verdadera dimensión del "catastrazo", sí lo harán en los años siguientes, hasta pagar en torno a 200 euros más por una vivienda media, con un valor catastral de entre 50.000 y 60.000 euros.

Del resto de impuestos, tasas, y precios públicos, aprobados ayer, destacan las subidas de los precios del polideportivo, un 5,6%, y la subida de los recibos de agua, basura y alcantarillado a las empresas. No habrá sorpresas con otros recibos, como la "viñeta" de los coches, que seguirá igual. Pero el Pleno para aprobar la fiscalidad de Carreño para el próximo año, como viene siendo habitual en este mandato, dio lugar a una sesión larga y cargada de acusaciones entre los dos bloques de partidos representados.

El PSOE, en palabras de su portavoz, Amelia Fernández, siguió manteniendo su argumento: "Apostamos por mantener los servicios públicos de calidad". El PP, además de dirigir parte de sus críticas a IU, con cuya abstención el PSOE pudo mantener su proyecto fiscal, manifestó su protesta por el proceder del gobierno, "Es un escándalo como nos trata el ejecutivo y algunos funcionarios de esta casa", dijo su portavoz, José Ramón Fernández, y es que los altos funcionarios también pusieron trabas a la rebaja del IBI.