El gobierno de Gozón, del PP, propuso ayer una vía de salvación para la Mancomunidad del cabo Peñas, que conforma junto a Carreño, y que pasa por que el PSOE de ambos municipios avance antes del próximo miércoles un plan de reforma que haga sostenible económicamente la entidad. Si se da ese caso, el gobierno gozoniego se mostró dispuesto a saldar la deuda que mantiene con la Mancomunidad y que es superior a 200.000 euros.

"El gobierno de Gozón no tiene ningún inconveniente en pagar las seis cuotas atrasadas de la Mancomunidad, pero no lo haremos hasta que el PSOE no concrete qué tiene pensado hacer con el ente", manifestó el teniente de alcalde gozoniego, Salvador Fernández. El principal problema, dice el responsable del gobierno gozoniego, es que varios años después del inicio de las tribulaciones sobre la continuidad de la Mancomunidad "el PSOE todavía no nos ha dicho, ni ha dicho a nadie, lo que quiere hacer con el órgano".

La situación se encuentra actualmente en un punto prácticamente sin retorno. El próximo miércoles 29 se celebrará un pleno de la Junta de la Mancomunidad en el que o se disuelve la organización o se acepta la propuesta de recorte de gastos del PP de Gozón, a falta de ninguna otra propuesta. Gozón, de hecho, ya cuenta con el aval de su propia Corporación para disolver el órgano de manera unilateral si no se alcanza un acuerdo.

Sin embargo, la situación se ha enquistado aún más tras el comunicado del PSOE de ambos municipios negándose a negociar reforma alguna hasta que el PP de Gozón no salde su deuda con la Mancomunidad, extremo este último que ahora trata de librar Fernández para que la propuesta de reestructuración, que conllevará nuevos estatutos y nueva presidencia, llegue, al menos, a ser votada.

"Cuando conozcamos una propuesta del PSOE, les garantizaremos el pago de todos los recibos atrasados", aseguró Fernández. El edil gozoniego, no obstante, manifestó sus dudas con respecto a que las verdaderas intenciones de los socialistas sean que el órgano comarcal continúe con vida más allá del miércoles. "Da la impresión de que quieren disolverla, eso sí procurando que parezca que fue culpa del PP porque no pagaba", protestó.

Con el pago de la deuda pendiente, seis cuotas, algo más de 200.000 euros, esperan acabar con esas dudas. "Los trabajadores están en vilo y nos parece que lo que hace el PSOE es un chantaje: paga, y luego ya veremos que votamos en el pleno", señaló Fernández. El problema, a su juicio, es que "a lo mejor luego nos sentamos con ellos y no quieren mover una pieza, así que esperamos que primero se pronuncien acerca de sus verdaderas intenciones".