El PSOE retira la moción para anular la devolución del IBI en la zona rural

El gobierno de Carreño, del PSOE, ha dado marcha atrás y retirado del orden del día del pleno del jueves su propuesta de anular el acuerdo plenario de septiembre, aprobado por la oposición, que planteaba la devolución del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los contribuyentes que pagaron como urbanos en suelos rústicos. Los grupos de la oposición llevaron adelante la moción a raíz de una sentencia en ese sentido emitida por el Tribunal Supremo.

Sin embargo, los socialistas no retiran su propuesta porque hayan cambiado de criterio, sino porque ven dificultades técnicas para sustituir al acuerdo plenario anterior y porque no la ven necesaria para que prevalezca su opinión.

"El recurso se interpuso el 16 de octubre únicamente como medida cautelar para salvaguardar al gobierno de la barbarie y las pretensiones de un bloque de la oposición que pretende conseguir vía mociones lo que las urnas les negaron, y lo que es peor, en este caso, obligarnos a cometer ilegalidades", defiende la concejala de Hacienda y portavoz del gobierno, Amelia Fernández.

"Somos conscientes de que el recurso de reposición interpuesto ni siquiera sería necesario y podría ser desestimado técnicamente dado que el acuerdo plenario que adoptaron otras fuerzas políticas es de facto improcedente", señaló al respecto de la retirada de su moción. La clave está, según Fernández, en que "lo que acordaron pretende que el Ayuntamiento adopte medidas y haga devoluciones para las que no es competente", dado que matiza que es al Catastro al que se le debe pedir la devolución de ese IBI mal cobrado, según la doctrina del Supremo.

Eso sí, el ejecutivo local asegura que facilitarán la labor de reclamar a cuantos vecinos lo necesiten. "No escatimaremos esfuerzos ni dedicación en ayudar a las personas a que reclamen, si hay causa, y prueba de ello es que próximamente pondremos a su disposición unos formularios tipo para que puedan reclamar al catastro quienes estén en los casos señalados", anunció Fernández.

Explica que el catastro "es el que fija las bases catastrales, y desde el consistorio facilitaremos la orientación necesaria en la tramitación de posibles alegaciones que puedan estar fundamentadas, así como las certificaciones que necesiten para ejercitar sus derechos ante quienes tienen la competencia", insiste.