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Los 90 vecinos de la calle Carlos Albo deben pagar el enganche al saneamiento candasín

Los afectados se plantean acudir al juez después de que el gobierno haya rechazado conectar los edificios a la red general

Los vecinos del entorno de la fábrica de Albo de Candás deberán acudir a los tribunales si quieren evitar pagar el enganche de sus edificios a la red general de saneamiento. Es la opción que resta tras la resolución de la Alcaldía que desestima sus reclamaciones contra la decisión del gobierno del pasado mes de julio de que sean ellos mismos quienes efectúen las obras, que los propios técnicos municipales han estimado en varios millones de euros.

Los términos en los que se expresa el alcalde, Ángel Riego, en la carta oficial enviada a las comunidades, son claro: "De persistir el incumplimiento se dará traslado a las autoridades competentes a los efectos oportunos". Lo que significa que la vía que queda para que los vecinos no tengan que costear el saneamiento será la judicial. "Somos conscientes de que una vez que se rechazan las alegaciones, sólo queda la opción de acudir a un abogado, pero ya hemos hecho unas consultas, y no es sencillo ni barato, así que tendrá que tomarse la decisión más consensuada posible", señala Julio Miranda, vecino de Carlos Albo.

Y es que según se señala en la resolución de Alcaldía que desestima las reclamaciones vecinales para que el Ayuntamiento costee las labores de saneamiento, "en caso de existir evacuación de aguas residuales, se deberán realizar forzosamente a la red general, por medio de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado", y sólo en casos de "fuerza mayor, se autorizará en precario el vertido provisional a fosa séptica".

La vía judicial podría ser empleada por seis de las siete comunidades de vecinos. Según explicó Miranda, existen unos 90 vecinos afectados por la falta de saneamiento a lo largo de la calle Carlos Albo. Así las cosas, una vez fallado el recurso de alzada "sólo dejan opción de emprender un contencioso administrativo contra la resolución, lo que resultaría en un gasto judicial de unos 3.000 euros, aproximadamente, por portal".

Una cantidad que desearían evitar, pero que no frenará una acción consensuada entre todos los vecinos contra el Ayuntamiento. Éste, en los últimos años, había reservado varias partidas presupuestarias para poner solución a la carencia de saneamiento en Albo, sin que ningún proyecto cristalizara definitivamente.

El más cercano en el tiempo, del año pasado, pasaba por una línea de subvenciones para que los vecinos costeasen con esa ayuda el enganche. Sólo una comunidad alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento, si bien a fecha de hoy aún no se ha llevado a cabo ninguna obra.

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