Tres partidos de la oposición municipal de Carreño, PP, Unión Independiente de Carreño y Carreño Unido, solicitaron ayer la convocatoria de la comisión de investigación abierta hace más de dos años para dilucidar supuestas irregularidades internas por los vertidos ilegales producidos en una finca de Guimarán. Esta comisión lleva más de un año sin ser convocada, a pesar de los constantes requerimientos por parte de varios partidos al alcalde, Ángel Riego, para que se celebre una reunión, en la que, en principio, se deberían elevar unas conclusiones para su cierre.
La comisión busca responsables administrativos del vertido ilegal de 50.000 metros cúbicos de escombros y metales pesados en una finca de Guimarán situada muy cerca de sus límites con Logrezana, durante más de una década. En el último encuentro de la comisión se llegó a realizar una propuesta para redactar un dictamen, en el que, según fuentes de la propia comisión, podría expedientarse a los funcionarios que participaron en la tramitación de las multas a los responsables del vertido.
Según las valoraciones realizadas por los integrantes de la comisión, que deberían ser recogidas en un documento final que se elevará al Pleno para su votación, "existen graves disfuncionalidades en la tramitación de los expedientes constituyendo faltas disciplinarias muy graves que pueden dar lugar, incluso, a responsabilidades patrimoniales y penales". Entre las faltas detectadas por la comisión de investigación, en año y medio de indagaciones, figuran "la emisión de informes contrarios a la ley" y "la no tramitación ni ejecución de los distintos procedimientos abiertos". Faltas que tuvieron como consecuencia "la caducidad de procedimientos administrativos" y "la posible prescripción de actuaciones delictivas".
