El vertedero ilegal de Guimarán no es contaminante, sentencia la juez

El Juzgado de Instrucción número dos de Gijón ha acordado el sobreseimiento del caso del vertedero ilegal de Guimarán, que durante 12 años recibió más de 50.000 metros cúbicos de escombros, actualmente sepultados y cubiertos de vegetación. La magistrada se apoyó en los informes elaborados por los expertos, los cuales revelan que el basurero está compuesto de residuos estériles de la construcción y que su nivel de contaminación es nulo. Además, según demuestran estos mismo estudios, la zona está consolidada y no existe peligro de deslizamientos.

De esta forma, la juez exime de responsabilidad al gobierno socialista, con el regidor carreñense, Ángel Riego, a la cabeza, al considerar que no cometió ninguna irregularidad en la tramitación de los expedientes urbanísticos de la escombrera. La oposición había denunciado, a raíz de la creación de una comisión municipal en 2012, que más adelante dio pie a que la Fiscalía de Medio Ambiente iniciase una investigación sobre el vertedero, que el Ayuntamiento de Carreño abriese hasta 11 expedientes a la propiedad de la finca del barrio de La Rebollada, pero que ninguno culminase en sanción. Entonces, la derecha acusó a los socialistas de haber cometido "graves faltas, que podrían dar lugar incluso a responsabilidades patrimoniales y penales". Entre ellas, "la emisión de informes contrarios a la ley" y "la no tramitación ni ejecución de los distintos procedimientos abiertos".

Sin embargo, el auto, con fecha del 19 de octubre, evidencia, según el equipo de gobierno municipal, que la actuación del Alcalde "se rigió por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad". Prueba de ello, dicen, es que "cuando Ángel Riego tomó posesión de su cargo, el basurero -que se creó hace más de 15 años- ya estaba consolidado al 80%, y posteriormente sólo hubo vertidos de tierras vegetales para adecentar la zona y evitar molestias al vecindario".

No obstante, según expresa el ejecutivo local en un comunicado, "la actuación debería haber sido impedida por los poderes públicos y no lo fue". La razón por la que el Ayuntamiento no intervino se debió "a la carencia de medios cualificados, como acreditan los informes del año 2000". Fue entonces cuando la Alcaldía creó un departamento de disciplina urbanística que comenzó a funcionar en 2001, cuando la escombrera estaba ya construida. Además, añade el gobierno local, "este tipo de vertederos son competencia del Principado de Asturias", por lo que la actuación municipal "dependía forzosamente de la consejería".