27 de noviembre de 2014
27.11.2014
La Nueva España

El gobierno retira la resolución para pagar 6.000 euros por su defensa jurídica

"Se abonarán cuando terminen los procedimientos", señala Amelia Fernández

27.11.2014 | 01:55

El gobierno de Carreño ha anulado una resolución de Alcaldía para pagar 6.000 euros a un abogado, Luis Tuero, por tres procedimientos judiciales celebrados en 2012, 2013 y 2014, estando uno de ellos aún abierto. Según explica la teniente de Alcalde, y alcaldesa en funciones al tiempo de la resolución anulada, Amelia Fernández, se trata de un "error".

"No existe para ninguno de estos tres procedimientos pago alguno", asegura Fernández, que aclara que los pagos que "haya que realizar serán realizados tras oír a los servicios jurídicos municipales". Y es que en los últimos días el Partido Popular había solicitado información sobre los procedimientos judiciales a los que se refería la citada resolución.

Según explica Fernández, los procedimientos por los que el Ayuntamiento deberá pagar previsiblemente son "la intervención municipal en el proceso de defensa del interés general a raíz del vertido de fuel que efectuó accidentalmente HC a la ría de Aboño", el más antiguo de ellos.

Otro, "relativo a la intervención en nombre del Ayuntamiento en las diligencias relativas al vertedero de Guimarán", dijo, señalando que se trata de una "intervención también acordada por todos los partidos políticos presentes en la comisión de investigación, entre ellos el PP".

Y finalmente, el de 2014, por la defensa del alcalde en el caso de la denuncia de la fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación de festejos entre 2007 y 2011, y que aún está abierto.

"En cualquier caso, estamos hablando de gastos que por su cuantía y característica no requieren licitación alguna", matiza la edil. "Pagaremos lo que proceda legalmente cuando los procedimientos judiciales concluyan y previa conformidad de los servicios jurídicos", añade la edil.

Fernández aclara que es "falso" que se haya pagado ya por esos procedimientos, en referencia a las críticas del PP, y protesta por lo que consideró un uso inadecuado de la información de la que disponen los concejales, por "fotografiar y sacar a la luz una resolución pública y omitir otra, la de anulación del error".

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