Izquierda Unida aseguró ayer que el Ayuntamiento de Carreño "tendrá que dar marcha atrás en la calificación urbanística de algunos terrenos o, alternativamente, dar marcha adelante y aprobar el planeamiento para hacer efectiva su condición de urbanizado", si quiere seguir cobrando el recibo de la contribución de estos terrenos como urbanos.

La coalición hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo según la cual cobrar IBI urbano cuando no existen perspectivas de edificación podría considerarse una confiscación real de la propiedad, y la mera recalificación ya no es causa de que los suelos pasen a pagar como urbanos.

Además, desde la coalición de izquierdas se mostraron críticos con la respuesta del gobierno del PSOE a la reclamación de los vecinos para resolver esta situación, y que no ha sido otra que señalar que las competencias corresponden al Catastro. "Desde el Catastro se están realizando las gestiones para que se puedan anular actos que ya son firmes, como las ponencias de valores y la delimitación del suelo urbano", señaló el portavoz de IU, Ángel García Vega. Estas gestiones administrativas tendrán efecto a partir de enero de 2015, apuntó, y afectarían a aquellas parcelas que no tienen desarrollado el Plan Urbanístico.

Según IU, "Catastro y ayuntamientos se verán obligados a negociar o litigar, pues cada uno apuntará al otro como culpables", y la solución pasa por que el Ayuntamiento comience a dar facilidades a los vecinos para recuperar sus derechos.