Un solo propietario de la urbanización de Soto de Llanera podría vetar el uso del centro social de la urbanización -adquirido recientemente por el Ayuntamiento- a los vecinos del resto de localidades del concejo. Esta es una de las consecuencias que se extraen del demoledor informe jurídico sobre la compra que han realizado, a petición del PSOE, los abogados Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo.

El informe señala que la propiedad objeto de compra no está inscrita en el registro, trámite que únicamente cumplen los edificios, mientras que el resto de la finca (más de 14.000 metros cuadrados) está vinculada a los propietarios de la urbanización, de tal forma que cualquier uso que se le quiera dar tendrá que contar con el respaldo unánime de los propietarios.

Los abogados sostienen que "sería preciso el consentimiento de todos los comuneros para lograr la pretensión municipal que conlleva la modificación del destino del equipamiento previsto, para poder abrirlo a otros vecinos del municipio". También señala que la compra se hizo sin negociación, que podía haber redundado en una bajada del precio final de 300.000 euros, dado que no había otros compradores y toda vez que la infraestructura se encuentra en un estado de ruina y de abandono.

También advierten en los informes municipales la ausencia de información acerca de los costes que tendrá que asumir el Ayuntamiento una vez formalizada la compra.

Ante estas y otras carencias detectadas en el expediente, los abogados concluyen que la compra "adolece de serios y graves incumplimientos de orden técnico, jurídico, económico y urbanístico que, incluso, pueden suponer la nulidad de pleno derecho de lo actuado, con el agravante de la complejidad de la resolución del negocio, si es que se decidiera ahora, por la posible exigencia de responsabilidades al Ayuntamiento". Sostienen que se ha comenzado "la casa por el tejado" y vaticinan "trabas y problemas que podrían dar al traste con la inversión", o dilatar mucho en el tiempo su puesta en marcha, con los costes de mantenimiento que implica, y "con riesgo de eventuales litigios".