Los vecinos del barrio de Villar de Muros de Nalón, seis viviendas, quieren que se ejecute la sentencia del Juzgado número 2 de Oviedo de lo Contencioso-administrativo por la que una empresa del concejo debe retirar un almacén a cielo abierto de materiales de construcción, ubicado al lado de las casas, por no contar con la licencia preceptiva. Los vecinos acusan al Ayuntamiento de pasividad por no haber forzado a la empresa a desmantelar el almacén. "Estamos ante un abandono total de las autoridades y ante la impunidad de una actitud de abuso constante", señala María Luisa Rodríguez.
Por su parte, el Ayuntamiento asegura que ya se ha cumplido con la ejecución de la sentencia y que el empresario ha trasladado los materiales de construcción a una parcela de suelo municipal en San Esteban de Pravia. Eso sí, la alcaldesa, Carmen Arango (PSOE), indica que el traslado no se hizo antes porque el empresario había solicitado un aplazamiento hasta encontrar una nueva ubicación. Según Arango, los técnicos municipales han remitido al juzgado la documentación y las fotografías que lo atestiguan.
Todo comenzó en el año 2000. Según los vecinos, empezaron a enviar escritos al Ayuntamiento para paralizar la actividad de la empresa, que no contaba con licencia y generaba ruidos desde las seis de la mañana, vibraciones y mucha suciedad a causa del polvo de la explanada. También aseguran que los camiones han roto en varias ocasiones los muros que rodean las casas y que, con frecuencia, bloquean los accesos a las viviendas.
Dadas las circunstancias, en el año 2006 el Consistorio denegó la licencia e inició un contencioso-administrativo contra la empresa, al que se sumaron los vecinos. Obtuvieron una sentencia favorable, "pero el almacén sigue funcionando y el Ayuntamiento mira para otro lado", comenta Susana García. Un punto que la alcaldesa niega: "No se trata de inactividad municipal, tan sólo que el empresario utilizó todos los recursos legales en su mano para continuar con la actividad".
Así es como, en 2013, los vecinos iniciaron el proceso judicial de nuevo y acusaron al Consistorio de supuesto silencio administrativo. En abril de 2014 recibieron una sentencia favorable, pero pasaban los meses y los materiales seguían en el descampado. En el mes de septiembre, solicitaron al Juzgado la ejecución de la sentencia y, en octubre, el tribunal obligó al Ayuntamiento a asumir la orden del fallo en un plazo de 15 días. Una medida que no se llevó a cabo hasta el pasado mes de mayo porque el empresario solicitó un aplazamiento, según señala la regidora.
Asimismo, los vecinos del barrio de Villar, también conocido como Chamberí, acusan al equipo de gobierno de modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para adecuar la norma a las necesidades del citado empresario. Dicen que el pasado mes de marzo el Consistorio modificó la calificación del suelo donde se ubica el almacén. La alcaldesa niega este extremo y asegura que las únicas modificaciones se han llevado a cabo en San Esteban de Pravia, con vistas al futuro polígono industrial.
