La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) anunció ayer que decidió recurrir a la Audiencia Provincial la sentencia del juzgado de primera instancia, número 1 de Oviedo por la que se condena a la sociedad a pagar un total de 8,76 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Bobes por incumplimiento del contrato para la urbanización del polígono industrial de la parroquia sierense, paralizada.
Sogepsa asegura estar "en total desacuerdo" con la sentencia, pues señala que el pleito viene derivado por "el abandono por decisión unilateral" de los trabajos por parte de la UTE en diciembre de 2012, que asegura causó un grave perjuicio a la sociedad cuando las obras ya se encontraban ejecutadas al 70%.
Del mismo modo, Sogepsa sostiene que en el momento en el que la UTE decidió abandonar los trabajos se encontraba al corriente de todos los pagos. "Llevaba abonados 13,5 millones de euros", indican al mismo tiempo que achacan la paralización de las obras a que la sociedad se negó a aceptar un modificado que pretendía la unión de empresas que "aumentaba los precios".
No obstante, la sociedad mixta admite que la sentencia dictada por el juzgado el pasado mes de julio estimó parcialmente la demanda de la UTE integrada por las constructoras FCC, Alvargonzález Contratas y Sardalla Española en la que además de condenarla a indemnizar a las empresas se da por resuelto el contrato para urbanizar la que se considera que en un futuro será la mancha industrial más grande del Principado de Asturias.
Por otra parte, algunas fuentes aseguran que la UTE solicitó que se ejecute de manera provisional la sentencia ante la oposición de Sogepsa, que considera que su situación financiera se vería gravemente afectada debido a lo elevado de la cantidad.
La sociedad mixta confía en que la Audiencia Provincial tenga en cuenta sus argumentos. Algo que no hizo el juez de primera instancia que achaca al incumplimiento de las obligaciones de pago de Sogepsa que la UTE no pudiera culminar los trabajos. Unos impagos que se da por hecho que venían motivados por la mala situación económica del organismo público-privado, que según los responsables de la propia unión empresarial llevó a los representantes del mismo a solicitar que se ralentizasen las obras, pero la UTE no lo aceptó.
El propio magistrado indica en su sentencia que las acusaciones de incumplimiento por parte de Sogepsa no llegaron hasta que las propias empresas solicitaron resolver el contrato y califica de "excusas" que Sogepsa achaque su impago a las subidas del IVA o a cambios en el proyecto.
