Los trabajadores despedidos de Fahime son un mar de dudas sobre si recurrir o no la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que avala el ERE sufrido en octubre de 2015, que suponía el despido de los 92 miembros de la plantilla. Lo ven difícil por la "larga espera" que supone un recurso de este tipo y también porque puede frenar el proceso de las posibles demandas que puedan presentar los empleados a título individual. Esa fue una de las principales cuestiones que se debatió ayer en la asamblea celebrada poco después del mediodía en la nave donde permanecen encerrados desde hace 117 días. La última palabra se dará el próximo domingo al mediodía en una segunda asamblea, ya que en la de ayer hubo bastantes ausencias. Asistieron unas cuarenta y cinco personas "y no se puede decidir por todos".

"La situación está jodida", expresó ayer uno de los trabajadores a la salida de una asamblea en la que predominaban las caras de desánimo. Jero Fernández, portavoz de los trabajadores y sindicalista de UGT, considera que la decisión del juez del TSJA "es una bofetada". "La sentencia quizá nos aportaba poco para lo que pretendíamos, pero sí es verdad que de ganarla nos daba cierta ventaja a la hora de poder negociar", indicó el portavoz de los despedidos, que cuestionó que fallos como el de la sentencia del alto tribunal "son un mensaje para los empresarios de que pueden hacer lo que quieren: no pagar, despedir a sus trabajadores y poder especular con sus instalaciones". Fernández añadió que con este precedente judicial "están convirtiendo los puestos de trabajo en material de la empresa, en una mercancía más que cuando no interesa, es correcto especular con los salarios".

Los trabajadores protestan porque el despido aún no ha implicado indemnización alguna. "Se quedan con la empresa, que está abierta todavía, ya que no está en causa de disolución. Es más, Fahime podía empezar a fabricar mañana, ya que cuenta con licencias de actividad al día", relata Fernández, que no duda en reconocer que los ánimos de los trabajadores están "bajos". "Esta situación supone mucho desgaste", apostilló el portavoz de los 92 despedidos.

Pese al varapalo judicial, los trabajadores seguirán adelante con su calendario de movilizaciones durante los martes y los jueves frente a la consejería de Industria y presionando al Ayuntamiento "con el fin de encontrar vías de solución". Los despedidos siguen manteniendo que la empresa es viable.

El proceso, continúa Jero Fernández, va a costar mucho dinero. "Claro que va a costar, pero mucho más que se pague a los empleados vía Fogasa, el despido de 92 personas, otros tres millones de euros y otros cinco a los bancos. Ese dinero hay que emplearlo en lo que lo hay que emplear, no en favorecer a cuatro sinvergüenzas", señaló el portavoz.

Los sindicatos que recurrieron el ERE al TSJA reclamaban la nulidad de despido, ya que entendían que el período de consultas no había respetado la normativa vigente, que se había producido fraude por parte de la compañía y en general que Fahime no había negociado "de buena fe" con los empleados. El TSJA, en su sentencia, entiende que el proceso para el despido colectivo se realizó sin irregularidad alguna y que la situación de pérdidas alegada por la empresa ha quedado acreditada.

La nulidad hubiera supuesto la obligación de readmitir a los despedidos. Subsidiariamente, la plantilla pedía que se declarara la decisión empresarial no ajustada a derecho, lo que, de ser aceptado, habría dado a los despedidos el derecho a reclamar indemnizaciones mayores. Ambos caminos han sido denegados por el TSJA, todo ello teniendo en cuenta que la decisión es recurrible ante el Tribunal Supremo.