La plantilla de Fahime no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que avala el Expediente de Regulador de Empleo (ERE) con el que fueron despedidos 92 miembros de la plantilla. Los trabajadores celebraron ayer una asamblea cuya votación se decantó a favor de no seguir adelante con el recurso, aunque por una diferencia muy corta. De los asistentes, 30 votaron en contra de acudir al Supremo, 22 votaron a favor del recurso y cinco votaron en blanco.

Según explicó el portavoz de los trabajadores, el sindicalista de UGT Jero Fernández, los que votaron en contra de continuar con el proceso judicial consideraron que, después de la sentencia del TSJA, "que fue un palo muy gordo, recurrir al Supremo iba a ser alargar más en el tiempo, hay mucha gente que está trabajando y quiere pasar página y no estar pendiente de que la impugnación se gane o no". Y, además, "se veía la dificultad de poder ganar en el Supremo".

"También es verdad que no se valoró que hay dieciséis personas a las que les venía muy bien recurrir al Supremo, porque no van a tener opción de trabajar más, van a tener que jubilarse, y si hubieran ganado la sentencia del Supremo habrían ganado unos meses de desempleo y se habrían jubilado un poco mejor".

Esta decisión, no obstante, no implica que se acabe la lucha. El encierro en la fábrica continuará. "Nosotros vamos a seguir agotando la vía sindical, vamos a ir a hablar con el consejero, con la alcaldesa, con quien haya que hablar, porque creemos que hay un grupo de trabajadores que quedan en precario, y queremos que se compense de alguna manera", dijo el portavoz sindical.

La próxima semana, los trabajadores tienen una entrevista con el consejero de Empleo, Industria y Turismo, al que seguirán exponiendo que "se están dando una serie de irregularidades en este proceso" y que "la sentencia fue un asunto de economía procesal, porque valoró más el hecho de que la empresa no tiene obra ni dinero y que son 92 trabajadores y alguno tendría que retornar de otras empresas que el hecho que nosotros planteamos, que el despido había sido irregular y que había habido mala fe por parte de la empresa en los despidos; sobre todo porque la empresa no está en disolución sino que se mantiene viva y abierta".