La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Agones (Pravia) ve irregularidades en el plan parcial urbano y exige su anulación

Los vecinos critican que sus fincas han sido tasadas a un precio 31 veces inferior al de los terrenos de la promotora, de cuya solvencia económica dudan

Algunos de los afectados. Sentados, Rafael Sierra, Jesús Rodríguez, Paloma Fernández-Urrutia y Nuria García. De pie, Francisco Casielles y Federico Fernández-Urrutia. S. ARIAS

Los vecinos de Agones (Pravia) afectados por el plan parcial "Polideportivo I" exigen la suspensión del plan urbanístico que pretende extender la urbanización de la villa hacia el pueblo. Lo hacen en base a una serie de "irregularidades" en la tramitación urbanística y a tenor de los "problemas" por los que atraviesa la empresa Ortigosa 2006, promotora del plan urbanístico de la zona. Incluso se plantean presentar un contencioso-administrativo para paralizar el plan parcial.

El 70% del terreno pertenece a la empresa madrileña y el 30% restante a los vecinos. Subrayan que, según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ese 70% del espacio que pertenece a la empresa es zona inundable. Allí se prevé la construcción de 147 viviendas. "No responde a las necesidades actuales de Pravia", asegura Francisco Casielles, uno de los afectados.

Los vecinos explican que la Junta de Compensación estimó en 2012 19.347,26 metros cuadrados expropiables en 1.623.036 euros, es decir, 83,89 euros por metro cuadrado. Una valoración que contó con el visto bueno del exalcalde Antonio de Luis Solar. Días después se fijó el precio para los terrenos expropiados a los habitantes de la zona: 2,67 euros el metro cuadrado. "No es un atraco a mano armada, es un atraco político-administrativo", precisan los vecinos. Un punto que consideran "fundamental" en su protesta: "La Administración no puede cambiar su valoración expropiatoria con una cantidad para unos y otra para el resto 31 veces menor".

Además, el plan parcial establece que la urbanización de la zona debería estar finalizada en febrero de 2017. "Ya hay un incumplimiento grave porque hace tres años que tenían que haber aprobado en el Ayuntamiento el proyecto y, luego, llevarlo a información pública", detalla Casielles. Además de alegar en el Ayuntamiento, los afectados han presentado un recurso contra el plan en la Comisión Urbanística y de Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y otro contra la diferencia de precios ante el Tribunal de Expropiaciones.

Moción plenaria

Asimismo, dudan de la capacidad económica de la empresa, que lleva sin inscribir sus cuentas en el Registro Mercantil desde 2008, acumula cuatro embargos según el Registro de la Propiedad. Los afectados están recogiendo firmas y la junta parroquial presentará una moción en el Pleno a través de la oposición.

Compartir el artículo

stats