El Llagar El Quesu, la emblemática parrilla de Bobes, cerró ayer sus puertas después de 39 años de actividad. Una situación que, según una carta remitida a los trabajadores del establecimiento, se deriva de la expiración del contrato de arrendamiento. Los empleados de la parrilla, una veintena, acudieron ayer a trabajar en espera de que se aclare su situación, aunque no pudieron hacerlo al encontrarse cerrado el establecimiento.
El origen del Llagar El Quesu se sitúa en 1977, cuando José Antonio Mayor y el empresario naveto Juan Vigón fundaron la empresa, inspirándose en el tipo de parrillas que Vigón había conocido en Buenos Aires, donde había residido durante una década. El modelo cuajó, y el Llagar El Quesu se granjeó una sólida reputación.
El propio Vigón fue quien remitió la carta a los trabajadores informándoles de que dejan de prestar servicios a la empresa Llagar El Quesu, S.L., y que a partir del día de ayer, primero de mes, su contratador pasa a ser la propietaria del local, toda vez que el contrato de arrendamiento ha expirado.
Aunque la causa real del cese de actividad se desconoce, algunos trabajadores apuntan que las diferencias entre la propietaria y la empresa acerca de la cuantía de la renta mensual ha sido clave para el cierre. Este periódico trató ayer, sin éxito, de ponerse en contacto con Juan Vigón para conocer su versión.
En cuanto a la transferencia de contratos, se explica porque el arrendamiento era de tipo industrial. Por esa razón, según reza en la carta remitida a los trabajadores, éstos deben de ponerse en contacto con la propietaria del local, "que deberá respetar las mismas condiciones laborales" que tenían los empleados con Llagar El Quesu, S.L., para formalizar el cambio de empresa.
En atención a esta directriz, los trabajadores acudieron ayer a trabajar, al inicio de la jornada, aunque no pudieron acceder al interior del local por hallarlo cerrado, aunque un grupo de empleados sí que pudo hablar con un familiar de la propietaria. La plantilla, en todo caso, requirió la presencia de la Guardia Civil para que constara su presencia en las instalaciones y preservar así sus derechos laborales.
