María Jesús Robledo, vecina del barrio de Olivar, en Seloriu (Villaviciosa), se negó ayer a firmar cualquier documento, pero no le quedó más remedio -por orden judicial- que permitir la entrada a su finca para que el Principado prosiga con las obras del saneamiento maliayés. El acceso se limitó a cinco trabajadores de la empresa que acomete los trabajos y a tres agentes de la Guardia Civil. También entraron dos máquinas, que no constaban en la orden judicial.

"Es impresionante que el juez dé permiso para entrar cuando sabe que desde hace dos años no dejo entrar", apuntó, indignada, Robledo. Argumenta que su negativa se debe a que la arqueta del saneamiento que han plantificado a escasos metros de su casa, junto a la barbacoa, "mide el doble de lo acordado, que era un metro cuadrado de expropiación". Lamenta que "en más de dos años no lo hayan solucionado", y cree que debieran haber hecho una arqueta más pequeña o expropiar más terreno. "No les dio la gana, y creo que lo han hecho así en todo el trazado", dice.

"¿Qué justicia hay y a quién protege?" Robledo tiene claro que a los ciudadanos no, y más cuando a ella le dicen que "el proyecto es sagrado, pero la ventosa anterior, que iba en un camino público, cerca de la casa de José Felgueres -exalcalde de Villaviciosa- , sí la quitaron".

A Robledo lo le quedó otra que permitir el acceso. "Tienen que meter la ventosa, un tubo y realizar pruebas de presión", apuntó. Pidió a la Guardia Civil que dejara constancia de cada movimiento. Además, cada vez que la arqueta necesite una revisión, ha de estar pendiente para "hacer de portera" y abrir la puerta a los operarios, así que "van a aburrir al juez con órdenes para entrar". En 2014, su vecino Isaac Crespo, que ayer les acompañó, fue detenido por la Guardia Civil por negarse a firmar la expropiación forzosa de dos de sus fincas."Lamentamos que no se haya logrado otra solución que la de recurrir a la entrada forzosa", apuntó el alcalde, Alejandro Vega.