El administrador de una compañía de autobuses de Siero que el pasado marzo fue encañonado con una escopeta por su socio y cuñado declaró ayer en la vista oral del proceso en el que se juzgan los hechos que durante los quince minutos que su familiar político le tuvo retenido profirió amenazas muy explícitas tanto contra él como contra el contable de la sociedad, al que dejó marchar a los cinco minutos de irrumpir en las oficinas con el arma. "Nos dijo que allí se acababa la vida", señaló el hombre ante las preguntas de la fiscal y los abogados de ambas partes.

Esta declaración tuvo lugar justo después de que el acusado declinase responder a ninguna pregunta. Postura justificada por su defensa, que se remitió a la declaración ante la Guardia Civil para defender que la intención de su cliente no era matar. "Estaba en otro mundo", declaró en su día el acusado, que reconoció una disputa con su socio, pero negó en un primer momento haberle apuntado con el arma.

También participó en esta vista oral el propio contable, que corroboró la versión del administrador y dio algún detalle de la disputa que desencadenó las presuntas amenazas. "Llegó con un documento de Hacienda, reclamando que la empresa se hiciese cargo del importe", declaró el trabajador, para a continuación indicar que tras recibir la negativa de su socio a sus peticiones, el acusado se fue y volvió a la oficinas, ubicadas en Vega de Poja, con una escopeta. "Entró apuntándonos y dijo que si nos movíamos nos mataba", sostuvo el empleado, que reconoció haber tenido "consecuencias psicológicas" y que la oficina, en la que continúa trabajando, se trasladó para evitar más problemas.

Las dos víctimas coincidieron en su declaración en que el acusado les había dicho que la escopeta estaba cargada con tres cartuchos y que no dudaría en dispararle si se movían. Sin embargo, la defensa centró sus preguntas en pedirles pruebas de que el arma estaba cargada, remitiéndose estos únicamente a las palabras del acusado. La defensa niega que la escopeta estuviera cargada, así como que su cliente tuviera intención de matar a los demandantes.

Por otra parte, también declararon en calidad de testigos una persona que se encontraba reparando un autobús y un extrabajador de la empresa, que coincidieron en señalar que sólo vieron al acusado salir de la oficina con la escopeta y meterla en el maletero de su coche, un Audi A6, sin ni siquiera dirigirles la palabra.

Asimismo, los agentes de la Guardia Civil que intervinieron aquel día recordaron que el acusado, que estaba en posesión del permiso de armas, admitió "un pequeño conflicto" con su cuñado y "no puso problema" para que le requisaran el arma, del que desconocen si estaba cargada.

A estas intervenciones se sumó la visualización como prueba de una grabación del acusado saliendo de las oficinas con la escopeta en la mano. Factores todos ellos que llevaron a la fiscal a mantener su petición de seis años de cárcel por dos delitos de detención ilegal y otros dos delitos de amenazas, así como una indemnización para las víctimas. Petición que conformó a la acusación, que también mostró su intención de recurrir a la vía civil para reclamar una indemnización por daños a la empresa.

Por su parte, la defensa pidió la absolución de su cliente o bien una condena subsidiaria de seis meses por amenazas. Para ello pidió tener en cuenta como atenuante la "obcecación" del acusado. Asimismo, apeló a la jurisprudencia para señalar que, en su caso, sólo debería considerarse un único delito de detención ilegal y no uno por persona, descartando este, de todos modos, al considerarlo una exageración para la duración de los hechos enjuiciados.