El plan de Carreño para equiparar el uso del asturiano o bable con el español deberá esperar a que decidan los tribunales. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gijón, a instancia del Estado, ha impugnado el acuerdo del Pleno municipal en el que se aprobó el documento. Pretende su anulación íntegra. Así lo publicó ayer el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), que también recoge que los interesados tienen 15 días para personarse en autos como codemandados.
Esta demanda va en la línea abierta por Delegación del Gobierno en marzo de 2016. Por aquel entonces, el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda declaró nulo el plan de Carreño, amparándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que estima que los ayuntamientos no tienen potestad para equiparar asturiano y castellano. Un mes después un informe del Principado avaló la legalidad del texto, al entender que el Consistorio "sí tiene competencia para desarrollar una política de promoción de la lengua en el ámbito del concejo".
