Los vecinos de Carreño sopesan retomar las movilizaciones contra la subestación eléctrica prevista en el concejo, a la que se oponen por razones "sociales, sanitarias y territoriales", según expresa Manuel Martínez, en nombre de los nueve colectivos vecinales que ayer se reunieron en el Centro de Iniciativa Rural de Tamón para analizar el avance burocrático de la tramitación de la instalación.

Además de las torres "de hasta 80 metros de altura" previstas para la línea, los vecinos temen las afecciones a la salud ("las líneas de alta tensión provocan cáncer, está comprobado") y hasta las económicas ("devalúan el entorno"). Y, para rematar, explican que el sistema se concibió para alimentar la gasificadora y las plantas de ciclo combinado, proyectos que han sido paralizados. Por todas estas razones, los colectivos apoyan el pleito iniciado por el Ayuntamiento.

Hasta el momento, el Ayuntamiento recurrió el Plan nacional de desarrollo de transporte de energía en lo que concierne al concejo, es decir, la estación de La Reboria, entre Carrió y Pervera, y las líneas asociadas que comunican esa subestación con la de Cardo. "Estamos ahora en periodo de prueba, pendientes de que el perito designado por el Tribunal emita el informe; falta trámite sobre la rendición de la prueba, que muy probable sea después de agosto, y después conclusiones de todas las partes personadas, es decir, el Ayuntamiento, la administración del Estado y Red Eléctrica. Posteriormente, llegará la sentencia", explica la alcaldesa, Amelia Fernández, que detalla también que el asunto se dirime en el Tribunal Supremo al tratarse de un acuerdo del consejo de Ministros. "Siendo optimistas, habrá resolución a mediados de 2018", apostilla.

El PP de Carreño, por su parte, expresa su apoyo a los pasos dados por el Ayuntamiento desde hace dos años, cuando comenzó el procedimiento judicial, "como así se dejó claro en el Pleno. "Estamos desde el primer momento en el frente municipal contrario a la subestación".