La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña (IPÑ), ha sido llamada a declarar el día 14 de septiembre en los juzgados de Pola de Siero por un presunto delito de prevaricación administrativa: en concreto, por el fraccionamiento de tres contratos de desbroces suscritos por el Ayuntamiento que eran por el mismo concepto y figuraban a nombre de la misma empresa.
La instrucción partió de una denuncia presentada por los concejales de Izquierda Unida de Noreña, Cristina Sánchez y René Cobiella. Los contratos se suscribieron con facturas por importe de 4.840, 12.100 y 5.563, 58 euros. La suma de las tres ascendía a 22.503,58 euros, y el fraccionamiento evitó un contrato único que habría obligado al Ayuntamiento de Noreña a abrir un procedimiento para que concurriesen varias empresas a la adjudicación.
La alcaldesa ha preferido no pronunciarse sobre el asunto mientras esté la causa abierta, por respeto al curso de la justicia. Se limitó a decir a LA NUEVA ESPAÑA que tiene "la conciencia muy tranquila".
Esta es la segunda causa abierta en los últimos meses contra la regidora noreñense, que tiene abierto otro procedimiento por presunta prevaricación administrativa por el que ya declaró ante el juez en junio. Una vecina denunció a ésta y a un concejal por no haber actuado con la diligencia que exige la ley para impedir que se produjeran las molestias que causa la asociación de motoristas "Ángeles del infierno" en su sede de La Felguera de Noreña. Denunciaban ruidos por conciertos nocturnos y por otras actividades para las que carecían de licencia.
Tampoco es la primera vez que Izquierda Unida acude a los tribunales para ir contra la alcaldesa y su equipo de gobierno. En una ocasión anterior, los dos concejales de la coalición presentaron una denuncia por un presunto delito, también de prevaricación, de los concejales de la Corporación que votaron a favor de las obras de colocación del campo de césped artificial de Noreña.
IU aducía en aquel caso que la empresa adjudicataria no había justificado haber realizado anteriormente una obra del mismo importe como, al parecer, exigía el pliego de contratación. IU no solo denunciaba este presunto delito sino que, además, pedía la paralización de las obras mientras el recurso estuviera sin resolver.
Finalmente, la fiscalía decidió archivar el caso al no encontrar "ninguna arbitrariedad en las resoluciones" y considerar que "los hechos no son constitutivos de infracción penal".
