08 de abril de 2018
08.04.2018

La Mancomunidad, al borde de despeñarse

El ente, en coma por la pelea del PSOE de ambos concejos, se resquebraja desde que la "ley Montoro" destapó los impagos de Gozón

08.04.2018 | 00:05

Bajan las aguas revueltas en la Mancomunidad del Cabo Peñas. Pensada como una herramienta para unir servicios, actualmente tan sólo la piscina y el servicio de medicina deportiva cuentan con respaldo de todos los grupos políticos. Curiosamente, aunque la izquierda ha sido tradicionalmente la más interesada en que el ente mancomunado saliese adelante, es ahora, con el mismo partido de izquierda al frente de los dos consistorios, cuando se ha desatado la batalla, con cinco momentos clave.

La "ley Montoro". La primera, febrero de 2012, con la aprobación de esta ley estatal, oficialmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Uno de sus objetivos era garantizar la estabilidad de todas las administraciones públicas. Los ayuntamientos se vieron obligados a pedir créditos para pagar a los proveedores y en Luanco, al abrir el cajón de las facturas, aparecieron siete millones de euros en pagos pendientes. Fue necesario hacer un ajuste para afrontar la crisis económica que se abrió en el Consistorio y uno de los recortes fue la aportación a la Mancomunidad.

Amenaza de abandono de Gozón. El 25 de abril de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Gozón decide abandonar la Mancomunidad al no aceptarse su intención de rebajar su aportación a la misma en unos 180.000 euros anuales. Pero la decisión plenaria no se lleva nunca a la Junta, por lo que no surte ningún efecto.

Giro político gozoniego. En las elecciones municipales de 2015, el Ayuntamiento de Gozón cambia de signo político y el PSOE entra a gobernar con Jorge Suárez. Dos alcaldes socialistas en los dos concejos. Gozón, por acuerdo entre las partes, ejerce la presidencia del ente supramunicipal durante los dos primeros años, con Amelia Fernández como vicepresidenta, y Gozón comienza a pagar su cuota y a reducir su deuda. El acuerdo es que en junio de 2017 se alternará la presidencia, a la que accederá la alcaldesa de Carreño.

Carreño se niega a tomar el mando. Pero en junio de 2017, la alcaldesa de Carreño pospone el relevo hasta después del verano. El acuerdo en octubre es que se haga cargo de la presidencia en la primera quincena de noviembre, pero de nuevo solicita un retraso hasta diciembre. Nuevo aplazamiento hasta el 3 de enero. Ese día, ni Amelia Fernández ni nadie de su grupo comparecen.

Gozón denuncia irregularidades. IU y Somos Carreño piden la convocatoria de una Junta Extraordinaria para solicitar a Jorge Suárez que continúe al frente del ente supramunicipal hasta el final del mandato. A la cita, el 3 de abril, no acuden ni el PP -de los dos municipios- ni el PSOE de Carreño. El día antes, Amelia Fernández hace público un informe de la Universidad de Oviedo en el que se dice que la Mancomunidad está en causa de disolución desde abril de 2013. El regidor de Gozón, contrariado por el informe, asume la presidencia con la condición de contar con el apoyo de los grupos para que se investiguen todas las irregularidades, y pone sobre la mesa las que han desatado una profunda crisis: la desviación de una subvención a la Mancomunidad para comprar material para Carreño y la retención de subvenciones del Principado al ente mancomunado en cuentas del consistorio carreñense.

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