La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia vecinal contra la explotación porcina del Monte Cabriles, en Carbayín (Siero). En concreto, indagará si la empresa cumple la legislación aplicable al concejo en lo que respecta a la licencia municipal concedida para la apertura de ganadería extensiva de cerdos en Cabriles, como insisten los vecinos, que contaron su caso en LA NUEVA ESPAÑA. Tanto los propietarios como el gobierno de Siero han defendido que las instalaciones cuentan con todo en regla.
No es la primera ocasión en la que los vecinos acuden a la Fiscalía en busca de amparo. Ya lo hicieron a principios de año por su temor a que esta ganadería pudiera contaminar los manantiales. En aquella ocasión también inició la fiscalía diligencias, pero fueron cerradas. Ahora confían en que el asunto prospere.
"Es una buena noticia porque lo van a investigar, pero nos lo tomamos con cierta cautela a ver cómo se desarrolla el proceso", indican los afectados. Explican que no quieren precipitarse pues a principios de año, en el mismo escrito que les explicaban que iniciaban la mencionada inspección les informaban de que todo estaba en orden al descartar que los cerdos pudieran ser una fuente de contaminación de las fuentes, depósitos o manantiales de la zona.
No obstante, recientemente por los técnicos municipales realizaron una inspección en la explotación ganadera y en el informe determinaron que la empresa estaba actuando conforme a la ley y que tenían autorización para más animales (750, en concreto). Los propietarios de la granja se veían así avalados por los responsables municipales después de insistir también en que todo estaba en orden y en regla, a pesar de las críticas vecinales por malos olores y saturación de animales.
Varios propietarios también denunciaron a través de este periódico que las instalaciones porcinas habían invadido terrenos de su propiedad ubicados en el bosque de La Escondía. Pero el gobierno local de Siero salió al paso afirmando que la explotación porcina ocupa únicamente terrenos públicos alquilados por el Ayuntamiento a los dueños de la granja, que insisten en el mismo término. Ahora, Fiscalía determinará si efectivamente ésta cumple la normativa o no.
