Los exalcaldes socialistas de Teverga Carmen Fernández Alonso y Belarmino Álvarez Arias son investigados por el Juzgado número 2 de Grado por presuntos delitos de prevaricación, abuso de autoridad, fraude y malversación de fondos públicos en relación a la compra del palacio Valdecarzana.
La operación está también bajo la lupa del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Oviedo tras la reclamación hecha por la antigua propiedad, que exige el pago estipulado por el inmueble, un millón de euros, más 600.000 euros intereses. El proceso se encuentra suspendido hasta que no haya sentencia del litigio penal, por el que los exregidores están siendo investigados.
La investigación sobre los dos alcaldes surge de una querella penal que ha puesto el abogado municipal, Antonio Cienfuentes Fernández, al hilo del contencioso, al advertir una presunta irregularidad en el proceso de compra en relación al precio.
Cuando se inició el expediente de expropiación forzosa en 2006 se estableció un justiprecio de 152.000 euros y, sin embargo, a la hora de realizar el contrato, que fue aprobado por el Pleno, se firmó un montante de un millón de euros.
La querella fue archivada provisionalmente por el Juzgado moscón. Pero la defensa del Ayuntamiento apeló a la sección segunda de la Audiencia Provincial, a la que se adhirió la Fiscalía del Principado de Asturias. La Audiencia lo tomó en consideración y mediante un auto del pasado ocho de junio emplaza al Juzgado de Grado a investigar a los dos exalcaldes en todo lo referente a la adquisición del palacio.
Así es que ahora la querella penal, cuyo inicio fue aprobado por el Pleno en 2017 con los votos de IU y PP, está en manos del Juzgado moscón que llamará a declarar a Fernández y Álvarez, así como a otros testigos del caso. Una vez que se sentencie el litigio por el que se investiga a ambos exregidores, se reiniciará el contencioso-administrativo.
El caso se remonta a 2010, cuando se adquirió el palacio Valdecarzana por el Ayuntamiento siendo alcaldesa Carmen Fernández. El objetivo era construir un hotel de cuatro estrellas. La compra se resolvió por un millón de euros, mientras que la tasación del inmueble se fijó en 152.000 euros, según el expediente. Además, en su momento el PSOE trató de financiar la operación con cargo a los fondos mineros, pese a que en 2009 el convenio expiró y no fue renovado.
Tras no recibir el pago, las anteriores propietarias, las hermanas mexicanas Álvarez Arriola, reclamaron el millón de euros, así como los intereses de demora. Fue en el año 2013, siendo alcalde el socialista Belarmino Álvarez, cuando lo exigieron mediante un escrito al Ayuntamiento, que se incorporó al expediente de la compra-venta del palacio. Si bien no hay ningún documento de trámites firmado por el exregidor para paralizar la operación o dar cuenta del pago. Sólo se incluyó en el citado expediente.
La antigua propiedad reclama el pago de un millón de euros y 600.000 euros de intereses de demora. Una cantidad que, de tener que devolverla tras la sentencia del contencioso, podría llevar al Ayuntamiento a la quiebra.
