El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, anunció ayer en Noreña la "puesta en marcha de varios grupos de trabajo para subsanar las barreras legales que impiden a la administración local gozar de más autonomía a la hora de gestionar sus plantillas". Este anuncio llega tras haber mantenido una reunión el pasado jueves en Madrid con representantes de la Función Pública. Lacuerda anunció el acuerdo durante el acto que reunía a los delegados del sindicato en Noreña, en el que también estuvieron presentes Javier Fernández, secretario de UGT Asturias, y Alberto del Valle, secretario general de FeSP-UGT en el Principado.
De esta manera, "se pretende dar seguridad jurídica a los ayuntamientos y a los trabajadores", explica Lacuerda. El objetivo es que los gobiernos municipales puedan recuperar competencias en torno a materia de jornada laboral e incapacidad transitoria, entre otras, en función de las leyes de función pública de cada comunidad autónoma.
En esa reunión en Madrid también estuvo sobre la mesa la ley de contratos. "Le toca al Gobierno aclararla, porque se crean vacíos de alegalidad sobre ella. Los casos laborales acaban en los tribunales y en cada uno de ellos se inventa una figura contractual nueva", lamenta Lacuerda.
La huelga de funcionarios de prisiones que empieza hoy y durará cuatro días es otro de los aspectos sobre los que se pronunció Lacuerda. "El Ministerio del Interior les hizo una oferta formal, por la cual se equipararían las condiciones de todos los trabajadores, independientemente de en qué comunidad autónoma se ubicara su centro de trabajo", explica el secretario general de FeSP- UGT. Sin embargo, "se echaron para atrás tres días después y consideran que esto es, además, un agravio comparativo con la Policía Nacional y la Guardia Civil", añade Julio Lacuerda.
Por último, el sindicalista también denunció el problema que supone la externalización del servicio postal: "Todos tenemos derecho a un servicio postal universal, eficaz y barato".
