El Pleno de Pravia aprobará hoy la nueva ordenanza de tráfico que pretende poner coto a los problemas de circulación en la villa y que permitirá a los agentes de la Policía Local poner multas al tener la normativa actualizada. Así es que las infracciones leves serán multadas con 80 euros, las graves con 200 euros y las muy graves, como aparcar encima de una acera, tendrán una sanción de 500 euros. Además, el Alcalde, David Álvarez, señala que el próximo año contarán con tres agentes más en la plantilla y pondrán en funcionamiento un Plan de Movilidad. "Pretendemos hacer una regulación del tráfico, sobre todo en el centro de la villa, porque es un problema que nos demandan los vecinos".
La actual ordenanza de tráfico es de 1993 y se basa en la Ley de Tráfico de 1990, que está desfasada. Así es que el Ayuntamiento praviano tomó como referencia la impulsada en Oviedo, la más actualizada de Asturias, para crear la suya propia. En ella también se regula el uso de los patinetes, que deberán ser utilizados como las bicicletas excepto para los menores de 12 años, que podrán usarlos en las zonas peatonales. Si bien el uso de estos vehículos tendrá regulación nacional con la Ley de patinetes eléctricos, detalla el regidor.
La ordenanza también establece los aparcamientos regulados de forma específica como las zonas de carga y descarga, de mercado o aquellas con tiempo limitado. La medida recibió en comisión informativa el voto positivo del equipo de gobierno del PSOE, de IU y de Foro. El PP se abstuvo.
En esa línea, el Consistorio impulsará en 2019 el Plan de Movilidad, cuyo proyecto encargará a una empresa especializada para saber, entre otras cosas, qué calles pueden ser peatonalizadas, cuáles deben establecerse como sentido único, dónde poner los semáforos o cómo cumplir con la accesibilidad. Con ese estudio se desarrollará la mejora de la movilidad en la villa.
La sesión plenaria servirá también para aprobar la ordenanza de saca de maderas por pistas de titularidad municipal, ante las constantes quejas de los pueblos del concejo por los desperfectos y deterioros que se ocasionan con esta actividad en los viales que transitan a diario. Los maderistas están obligados a comunicar al Ayuntamiento cada tala y recogida de madera que pretendan realizar en el concejo y tendrán que pagar una fianza, que pasará de 8 euros por tonelada a entre 3.000 y 9.000 euros, en función del volumen de trabajo. Se podrá aportar en metálico o mediante aval bancario.
Por otro lado, se aprobará la financiación de las parroquias rurales. El Consistorio destinará a ellas en 2019 en torno a 40.000 euros, que serán repartidos según los criterios establecidos por la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR), tal y como acordaron en varias reuniones. Este año las entidades del concejo reciben 33.000 euros. El Pleno también dará su apoyo a los trabajadores de Alcoa con una moción presentada por IU.
