El gobierno local de Siero (PSOE) se sentará a negociar con los responsables de Funeraria Meana para tratar de llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad patrimonial que la empresa exige al Ayuntamiento por clausurar el crematorio de la Pola y que cifra en 308.325 euros. Reclama esta cantidad en concepto de indemnización después de que judicialmente hayan quedado anuladas las licencias que el Consistorio de Siero concedió a la funeraria para poner en marcha un horno crematorio, cuya actividad ha tenido que suspender. Por lo que ahora pide que sean compensados los daños y perjuicios derivados de la ejecución de la sentencia que declaró la nulidad de las licencias para la instalación y funcionamiento del horno crematorio del tanatorio.

Este periódico ya adelantó hace unas semanas que Funeraria Meana reclamaría al Ayuntamiento una cantidad superior a los 200.000 euros y que ahora cifra en 308.325, tras sumar los gastos que le ha acarreado esta operación a la empresa. En concreto, piden que sean compensados los costes derivados de la ejecución de la obra, incluyendo proyectos, licencias y tasas, además del dinero que supone el derribo de los trabajos y retirada del horno, así como los costes de la defensa jurídica. El total de las facturas suman 246.660 euros. A esta cantidad, la funeraria añade el daño moral que le ha supuesto todo este proceso, al considerar que se ha producido un "perjuicio a la imagen de la empresa". La estiman en un 25% de la mencionada cifra de gasto, por lo que queda en 61.665 euros. En total, la cuantía asciende a los 308.325 euros indicados.

Como esta reclamación supera los 50.000 euros, el expediente tendrá que ser supervisado por el consejo consultivo del Principado, cuyo dictamen es vinculante. No obstante, el gobierno local, una vez que disponga de los informes jurídicos -tanto de Urbanismo como de Patrimonio- y técnicos se sentará a negociar esta reclamación con la funeraria. Primero quieren estudiarlo a fondo. Además, las mismas fuentes municipales destacan que el proceso está en vía administrativa y no judicial.