La expropiación del Prendes ya está en manos del Principado. El Pleno rechazó ayer las alegaciones a la adquisición forzosa presentadas por el PP y las de la propiedad -salvo un incremento en su valoración-, último trámite necesario para enviar la documentación a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que será quien deba dar ahora el visto bueno. El PSOE volvió a contar con el apoyo de Somos para lograr la mayoría, en una sesión en la que PP e IU mostraron un frontal rechazo a la medida. La adquisición tendrá un coste de 896.348,18 euros, que serán asumidos con el ahorro del ejercicio de 2017, que también se invertirá en equipamientos deportivos o reparaciones de caminos.

El Pleno, urgente y extraordinario, comenzó con 90 minutos de retraso. Estaba fijado para las diez y media, una hora después de una comisión informativa convocada exclusivamente para tratar el asunto de la expropiación. "No puede ser que se nos presenten los informes de las alegaciones de la propiedad minutos antes del Pleno", criticaron reiteradamente en sus intervenciones IU y PP, ya en plena sesión.

Más allá de estas quejas, todo transcurrió como en los otros dos plenos que habían tenido como protagonista al Prendes: PP e IU defendieron que la expropiación no debería ser una prioridad para Carreño, mientras que PSOE y Somos -"nos parece impresentable cómo ha actuado el gobierno local, pero lo vamos a apoyar", llegaron a afirmar los afines a Podemos- hacían prevalecer la necesidad de tener la tramitación administrativa cerrada antes de fin de año para que la transacción pudiese efectuarse con cargo al ahorro del ejercicio pasado. De no ser así, el expediente debería reiniciarse en 2019.

Con este resultado se rechazaron parcialmente las alegaciones presentadas por los dueños del Prendes -sólo se aceptó revisar el precio, finalmente de 896.348 euros- y rechazar los reparos del PP, que pedían la nulidad de la sesión en la que se había iniciado el expediente. Los populares anunciaron que llevarán a los tribunales la tramitación del expediente, que consideran fuera de la legalidad.