Casi seis años. Ese es el tiempo que lleva la familia Vázquez-Prendes desalojada de su vivienda en la calle Astillero de Candás. El próximo 17 de marzo se cumplirá el sexto aniversario del argayo del Monte Fuxa que les echó de su casa y que, a día de hoy, sigue sin permitirles volver a ocupar su hogar.
Tras el derrumbe del monte, que también afectó al paseo, el desalojo de la vivienda no se hizo esperar. La familia Vázquez-Prendes estuvo fuera de su domicilio once meses. El 16 de febrero de 2014, los propietarios de la casa decidieron saltarse la prohibición de acceso y "okuparon" su propio domicilio para pedir una salida a su situación. En días posteriores contaron con el apoyo de los vecinos, que se manifestaron a su favor.
A los diez días, el 26 de febrero de 2014, la Policía Local vuelve a echar a la familia de la vivienda, amparándose en una resolución judicial que rechazaba que la casa fuese habitable debido a la inestabilidad de la ladera. En estas fechas, casi un año después del suceso, el paseo marítimo seguía cerrado al tráfico rodado. Esta situación se mantendría hasta finales de marzo del mismo año.
Desde un principio, el Ayuntamiento sostuvo que eran los propietarios de la vivienda quienes debían afianzar la ladera del Monte Fuxa, hasta que el 7 de noviembre de 2015 un juez sentencia que los desprendimientos y la tarea de asegurar la ladera no son responsabilidad de los dueños de la casa.
A partir de este momento, los dueños de la vivienda pretenden que el Ayuntamiento inste al dueño de la ladera a acometer estas obras o que, en su defecto, las asuma de manera subsidiaria. Por su parte, el Consistorio sostiene que se trata de una disputa privada y que no debe tomar parte en el asunto, ya que no afecta a bienes públicos.
Esta posición ha sido criticada por algunos grupos en la oposición, que entienden que, si existe un riesgo de desprendimiento sobre la vivienda, también lo hay sobre el paseo marítimo, a menos de un metro de la casa afectada.
Por el medio, a finales de 2016, el Principado realizó obras para asegurar la ladera del Monte Fuxa. Estos trabajos no se hicieron en la parte del monte que afecta a la casa.
Entre tanto, los Vázquez-Prendes siguen sin poder entrar en su domicilio, que llegó a ser asaltado por los cacos en septiembre de 2016. El 29 de junio de 2017 deciden volver a "okupar" la vivienda, de la que fueron desalojados nuevamente en abril de 2018. Durante este tiempo, la familia afectada ha utilizado una vivienda de emergencia del Ayuntamiento. Los Vázquez-Prendes criticaron que ésta se encontraba en mal estado.
La relación de los dueños de la casa con el Ayuntamiento no ha sido buena. Alicia Prendes, propietaria, amenazó de muerte en un pleno a la alcaldesa, la socialista Amelia Fernández, en mayo de 2016. Desde entonces, sobre ella recae una orden de alejamiento que le impide acercarse a la regidora.
