"Tuvimos que ventilar la ambulancia para que se fuese el alcohol del ambiente". Contundente fue el testimonio de los guardias civiles que ayer declararon en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés como testigos en el juicio contra el exedil del PSOE de Pravia Diego Cuervo por el accidente de tráfico del 23 de julio de 2017, en el que chocó contra otro vehículo en el que circulaba Miguel Ángel Arango "El Fontanero", que falleció en el acto.

Los agentes aseguraron que el acusado desprendía "un olor muy fuerte a alcohol" y que para realizarle la segunda prueba de alcoholemia, en la UVI móvil, tras ser atendido por los médicos, tuvieron que dejar correr el aire, porque el alcohol desprendido por Cuervo y acumulado en el vehículo había hecho saltar el etilómetro sin que nadie soplase.

La Fiscalía y la acusación particular piden para Cuervo 4 años de cárcel por conducción temeraria, conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas y homicidio por imprudencia grave. Por su parte, la defensa asegura que Cuervo no conducía borracho y que se durmió instantes antes del accidente, y pide la nulidad de la prueba de alcoholemia porque, entienden, no se realizó correctamente. Por ello solicitan que se le acuse por un delito de conducción imprudente, que puede estar penado de 6 meses a 4 años de prisión. El juicio se dio ayer por finalizado y quedó visto para sentencia.

Desde el comienzo de la vista la estrategia de la defensa fue clara: el objetivo era invalidar las pruebas de alcoholemia realizadas a Cuervo tras el accidente. El exedil, que en el momento del suceso venía de una boda en Salinas, aseguró haber bebido "lo normal" durante la celebración. "Un vermú, vino durante la comida y una copa después", reconoció a la sala, después de asegurar que cuando cogió el vehículo para ir de Pravia a su domicilio, un trayecto de unos 3 kilómetros, consideró que se encontraba en buen estado para conducir y achacó su somnolencia al cansancio: "Lo que había bebido no era para dar esa tasa".

Además, el exedil también aseguró que los agentes de la Guardia Civil no le ofrecieron firmar el resguardo de las pruebas de alcoholemia ni le comunicaron su resultado -0,86 miligramos de alcohol por litro de aire expirado en la primera y 0,87 en la segunda, realizada 45 minutos después- y que no le advirtieron de que podía realizar un contraste a ellas mediante analítica de sangre en el hospital, al que fue derivado en ambulancia tras el accidente.

Sobre los síntomas de embriaguez que presuntamente presentaba tras el accidente, como así recoge el atestado y como ayer corroboraron en su declaración tres agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el fatal suceso, Cuervo los achacó a la conmoción y las heridas del choque. Además, también aseguró haber llamado a su familia desde el lugar de los hechos y haber reconocido a la primera persona que le atendió tras el accidente, uno de los fundadores del club de piragüismo Los Cuervos, quien ayer también declaró como testigo y aseguró no haber apreciado que el acusado estuviese borracho en aquel momento.

Por su parte, los agentes de la Benemérita aseguraron que Cuervo mostraba claros síntomas de embriaguez: desprendía un fuerte olor a alcohol, tenía dificultad para mantenerse erguido y mostraba "el habla pastosa". Pese a todo, los agentes consideran que el exconcejal de Pravia no estaba conmocionado tras el suceso, como él mismo argumentó. "No tengo duda de que estaba bajo los efectos del alcohol", concluyó uno de los tres guardias civiles que ayer prestaron declaración en calidad de testigos.

En cuanto a no haberle dado para firmar el informe del alcoholímetro, la patrulla del Instituto Armado afirmó haber considerado que con la vía cortada, un fallecido y Cuervo a punto de ser trasladado al hospital San Agustín, no consideraron oportuno ir a imprimir el justificante. También reiteraron haber hecho todo según el protocolo: "Se le informó del resultado y de la posibilidad de hacer un contraste en el hospital. Otra cosa es que no lo recuerde".

La compañía aseguradora del vehículo de Cuervo pagó el pasado octubre una indemnización de 260.000 euros a la familia del fallecido.