El Pleno de Grado aprobó ayer la ordenanza de normalización lingüística que permitirá a los ciudadanos realizar gestiones y comunicaciones municipales en lengua asturiana. La medida fue aprobada por el equipo de gobierno de IU y PSOE y rechazada por Foro y los no adscritos. Así es que la Corporación rechazó las alegaciones presentadas por dos particulares, uno de ellos el presidente del PP de Grado, José Manuel Puente, sin representación municipal, que alegó anticonstitucionalidad por no ser el asturiano una lengua oficial.

"Estamos a favor de la promoción y protección del asturiano, pero no a favor de la imposición y mucho menos por la puerta de atrás, sobre todo a la hora de acceder a puestos públicos", señaló la portavoz de Foro, Patricia Álvarez. Una declaración que abrió el debate, en el que el portavoz del PSOE, Alfredo Varela, le dijo que era "falaz", ya que a su juicio la ordenanza "no discrimina, sino que es un mérito más" en un proceso selectivo de personal público, así como garantiza los derechos de los vecinos que quieran dirigirse al Ayuntamiento en asturiano. De hecho, en su segunda intervención lo comparó con el hecho de saber chino, como mérito, en una oposición.

Por su parte, el edil no adscrito José Ramón González entiende que "son palabras inventadas que se quieren normalizar" y que se trata de una imposición política con objetivos velados, como indicó también Patricia Álvarez, quien entiende que serán "méritos a la carta para que accedan los guapos y los amigos y llevarán veladamente esa exigencia del asturiano a otros puestos de trabajo. Al final van a tener que saber asturiano hasta los de obras".

El portavoz de IU, Plácido Rodríguez, sostuvo, hablando en asturiano, que "no hay ninguna imposición, precisamente es una ordenanza hecha con mucha tolerancia al castellano, protegiéndo al asturiano pero en ningún caso imponiendo", y acusó a Foro y a los no adscritos de practicar "la mentira recurrente. La ordenanza da libertad de escoger en qué lengua ser atendido". También defendió el rechazo a las alegaciones presentadas por el presidente del PP: "En ningún caso es anticonstitucional o impone, las alegaciones son el rechazo de un partido político que quiere hacer de menos una lengua".