La Fiscalía de Gijón ha remitido una denuncia penal al Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Gijón por un presunto delito de malversación y falsedad documental del exteniente de alcalde de Carreño, Gabriel Rodríguez (PSOE), en relación al "caso de las facturas engordadas", por el que dimitió el pasado mes de septiembre. Rodríguez habría presuntamente sugerido a una empresa encargada de la recogida y cuidado de perros abandonados en el concejo "engordar" las facturas para hacer frente a los retrasos en el pago del coste del servicio, una deuda que rondaba los 15.000 euros.

Los hechos fueron denunciados en LA NUEVA ESPAÑA por la empresa proveedora del servicio y el portavoz municipal del PP, José Ramón Fernández, puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, a la que aportó la conversación grabada entre la responsable de la empresa y el exedil ahora investigado, en las que supuestamente induce a la proveedora a "engordar" las citadas facturas.

"Nos parecía una actuación que podía ser un presunto delito porque en la conversación le dice que meta en las facturas perros aunque no hubiera perros para cobrar los retrasos, lo que nos parece muy grave", señala el edil popular, quien indica que la dimisión de Rodríguez el pasado mes de septiembre evidencia que "no había actuado bien".

Así es que el Ministerio Fiscal derivó el pasado septiembre las diligencias de investigación al área de Gijón, que ahora presenta denuncia penal también contra la responsable de la empresa como "cooperadora necesaria". La Fiscalía gijonesa tomó testimonio a la dueña de la residencia canina y solicitó al Ayuntamiento toda la documentación relativa a la facturación por este servicio.

En el escrito de denuncia de la Fiscalía se ejemplifican varios casos de perros que no habían estado en la perrera en las fechas indicadas en la factura. "Como le dicen que es la única forma de cobrar los intereses, ella facturó en los gastos de febrero de 2018 alojamiento a la perra "Lua Fox" por 28 días, cuando en realidad esa perrita había salido ya de la residencia el 31 de octubre de 2017, así como la perra "Frida Fox", también 28 días cuando sólo estuvo 7", detalla la Fiscalía tras la investigación de las pruebas documentales.

Además, la Fiscalía tiene en cuenta que Rodríguez actuó como autoridad: "Estamos ante un delito de daño patrimonial contra la administración y no de enriquecimiento, sin que sea necesario el ánimo de lucro para integrar el tipo penal, por lo que es irrelevante que el concejal no obtuviera para sí beneficio económico, permitiendo que se beneficiara la proveedora con menoscabo al erario municipal".

La denuncia deberá ser investigada por el Juzgado gijonés, que decidirá si abre juicio oral contra los investigados. Por su parte, el Ayuntamiento no realizó ninguna declaración.