En Siero existe una guerra abierta entre los agentes municipales afiliados al sindicato SIPLA y el gobierno local, en manos del PSOE. Esto ha llevado a enrarecer las relaciones entre un cuerpo tan importante como es el de la Policía Local -que en Siero son medio centenar de trabajadores- y el ejecutivo. Ambas partes llevan varias semanas protagonizando desencuentros.
El SIPLA denuncia falta de personal, lo que supuestamente les impedía patrullar los fines de semana, así como el incumplimiento de las promesas relativas a la mejora de instalaciones y el ajuste de los cuadrantes de trabajo. El gobierno no se ha pronunciado de manera oficial, pero sí ha trascendido que investiga el supuesto absentismo laboral injustificado de los efectivos, así como la concesión irregular de vacaciones y de horas extraordinarias.
La citada denuncia del sindicato derivó en una manifestación de sus afiliados frente al Ayuntamiento mientras se celebraba el último pleno municipal. Indican que la plantilla cuenta con un total de 51 miembros y según las previsiones, dos se van a jubilar antes de final de año y otros tres, a lo largo del próximo. A esto habría que sumar la marcha "casi segura" de dos o tres miembros más de la plantilla a otros municipios por oposición, lo que llevaría a dejar la plantilla en unos 44 miembros, de cara a 2020.
Considerando que esto no se ajusta al ratio que recomienda la Unión Europea, que implicaría contar "casi el doble de efectivos", convocaron una manifestación. Durante el transcurso de la misma, los agentes reivindicaron un acuerdo alcanzado con el gobierno en abril, en el que se incluía elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la reposición de las plazas vacantes, la adecuación del cuartel y la elaboración de un nuevo cuadrante de servicio.
Durante el pleno municipal, marcado por los gritos desde el exterior, el alcalde, Ángel García (PSOE) mencionó que el verdadero problema del cuerpo era el absentismo laboral injustificado. Y es que, las cuentas no les salían respecto a la imposibilidad de patrullar, teniendo en cuenta el número de agentes y turnos. Esta alerta, junto a un aviso de la Intervención municipal, a la que había llegado la solicitud de un crédito de 5.000 euros, por parte de la Policía Local, para pagar horas extra, hicieron que se abriera la investigación.
El propio García se personó en las dependencias policiales de Pola de Siero, reclamando los cuadros de trabajo de los últimos años al Jefe de Policía Local, José Enrique Fernández. Este no disponía de muchos de los registros, pero el regidor se llevó los que había.
Tras aquella visita, el SIPLA pidió la dimisión de García, señalando que había acudido "gritando y dando golpes al mobiliario, para amedrentarnos". A su vez, indicaron por primera vez su intención de acudir a la justicia para dirimir el caso.
La siguiente decisión municipal fue cerrar las dependencias policiales de Lugones, trasladando el mobiliario a las de Pola de Siero, donde se centralizó el servicio. Esto no suponía cambios en las patrullas, sino que, según indicaron fuentes municipales, buscaba optimizar los recursos.
La idea sigue siendo abrir un centro de atención al ciudadano, con un agente presente de lunes a viernes, en la futura sala polivalente de la localidad.
La clausura de las dependencias no agradó al SIPLA, que lo vio como un "atropello". Según aseguraba el sindicato, el traslado se había hecho sin "consenso de sindicatos y políticos, ni notificación alguna a los agentes". Algo que habría causado "confusión e inseguridad en ellos".
Esta no fue la única consecuencia inmediata. El Alcalde, como autoridad máxima del cuerpo, decidió que los agentes comenzaran a fichar. Como el cuartel de Pola de Siero carece de fichero, tras ser destruido tiempo atrás, hasta que se instale uno nuevo, estos tienen que registrar su entrada y salida en el Ayuntamiento. Una medida que tampoco agradó al SIPLA.
Cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, saltó la bomba. El jefe de la Policía Local, José Enrique Fernández, renunció a su cargo y volvió a su puesto anterior en la Policía Nacional. No se trató, sin embargo, de una dimisión voluntaria. El Ayuntamiento iba a cesarle, tras descubrir supuestas irregularidades graves en la concesión de horas extra, vacaciones y en el control del absentismo laboral, entre otra serie de motivos.
La cabeza de Fernández ya había estado en la picota en el mes de marzo. Fue entonces cuando este periódico reveló que había mantenido conversaciones, sobre amaño de contratos públicos, con algunos de los supuestos cabecillas a nivel regional de la trama "Enredadera".
Su salida del cuerpo, trajo consigo también la apertura de un expediente para investigar las horas extra, vacaciones y ausencias en el puesto de trabajo del resto del cuerpo. Trascendiendo que solo en los meses de julio y agosto se pasaron al Ayuntamiento 2.088 horas extra.
Estas decisiones acabaron por enfadar a un más al sindicato policial, al que Fernández era afín, frente a la otra corriente que existe dentro del cuerpo, la del Csif. La idea del SIPLA es acudir a los juzgados y que allí se depuren las responsabilidades que correspondan. Niegan, en todo caso, que exista irregularidad alguna en vacaciones, descansos, ausencias y horas extra.
