La industria alimentaria asturiana mantiene un elevado nivel de seguridad en sus productos, con controles estrictos y en muchos casos personalizados. Así lo afirma Juan Díaz, director general del centro de investigación Asincar, de Noreña. Díaz participó ayer en unas jornadas en las que también tomaron parte tres abogadas especializadas en procesos de responsabilidad penal contra las empresas.
Éstas destacaron que es fundamental, tras la reforma del código penal en 2010, que las empresas cuenten con modelos de prevención de delitos ("food compliance"): "Como las empresas pueden ser acusadas como persona jurídica, es fundamental que cuenten con estos modelos, que no dejan de ser una serie de protocolos muy estrictos, para la prevención".
En la jornada intervino primero Díaz, a modo de presentación, destacando que la iniciativa de llevar a cabo las conferencias surgió a raíz de los casos de "mala práctica en procesos de fabricación" que han salido a la luz en los pasados meses. Asimismo, indicó que según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AECOSAN), "España es uno de los países de la Unión Europea donde los sistemas de seguridad alimentaria funcionan de manera más eficaz".
Aún así, las abogadas Patricia Castro, Susana García y Leticia del Estal quisieron explicar el panorama legal al que se pueden enfrentar las empresas en un caso así: "Tras la reforma del código penal en 2010, las empresas pueden ser personalmente responsables por los delitos cometidos en el seno de su organización".
Por ello, destacaron la importancia de contar con un modelo de prevención de delitos, que en el sector alimentario se denomina "food compliance". Esto implica "aplicar una serie de protocolos estrictos, que den fe de que la vigilancia y control son las idóneas, para prevenir la comisión de delitos y mitigar los riesgos a los que pueda exponerse la compañía".
Entre ellos, no solo una posible responsabilidad penal, sino el daño que puede hacer a la reputación de la empresa. "Al final, si tu credibilidad se pone en duda, el consumidor acaba yéndose", destacaron las letradas.
Las consecuencias penales pueden ser incluso más graves, con la opción de una condena de multa de hasta nueve millones de euros, suspensión de la actividad o inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas. Frente a esto, el "food compliance" es una protección para la empresa ante responsabilidades penales o reclamaciones de los socios.
