Un informe firmado por el exjefe de Policía Local de Siero, José Enrique Fernández, en mayo, alertó de que por las circunstancias de la plantilla para cumplir con la legalidad durante los meses de verano sería necesario pagar 45.000 euros en horas extra. En el contexto de la guerra abierta entre el sindicato policial SIPLA y el alcalde de Siero, Ángel García, ésta es una de las supuestas irregularidades que destaca el regidor, que entiende que se cobraban horas extra de más, había absentismo injustificado y vacaciones que no correspondían.
Por ello, García urgió el cese del Jefe de la Policía hace poco más de un mes y abrió una investigación interna para depurar responsabilidades entre los agentes. A la vista de este informe, el Sipla entiende que lo que el Alcalde considera "irregularidades" en las horas extra no es tal, sino que "estaban justificadas" y que, además "sabía de esta situación mucho antes de que comenzara a tomar represalias".
Según viene indicando el delegado sindical, Adrián Díaz, "el alcalde actúa movido por el enfado que le causa que nos manifestemos el 30 de noviembre para denunciar una mala gestión del cuerpo, con falta de agentes y sin un cuadrante legal gestionado desde el Consistorio".
Precisamente, el informe de mayo da cuenta de la situación de la plantilla. En él se indica que el cuerpo cuenta con 51 agentes, "con siete vacantes sin cubrir". A su vez nueve se encontraban de baja y una de las funcionarias solo trabaja los fines de semana.
En aquel momento, el informe preveía que, además, tres agentes se quedarían de baja por paternidad y a otros seis se les habían abierto expedientes disciplinarios. A esto habría que sumar que tres están destinados a funciones específicas, como violencia de género o licencias, entre otras y un cuarto se dedica a labores de vigilancia de la casa consistorial.
Esto implicaba que solo se pudiera contar con 37 efectivos para seguridad vial y ciudadana, agravado porque durante los meses estivales el 50% de la plantilla estaría de vacaciones. Con todo, el informe también destacaba "el ingente número de permisos de hospital" que se venían produciendo en los meses previos.
En base a eso planteaba la solución de las horas extra, puntualizando que era "solo para cumplir los requerimientos ciudadanos para evitar cualquier responsabilidad penal o patrimonial del Ayuntamiento". El coste que se estimó en aquel momento fueron 45.000 euros, que al final acabaron siendo 5.000 más.
