Si el alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), consiguiera disolver la Policía Local del concejo, no sería el primero en lograrlo en España. El antecedente más reciente y similar se remonta a 2013, cuando el Ayuntamiento de Liérganes consiguió suprimir las dos plazas de policías auxiliares que formaban la plantilla del cuerpo.
En aquella ocasión, el gobierno local compuesto por el Partido Regionalista Cántabro (PRC) -el de Miguel Ángel Revilla- y el PSOE consiguió sacar adelante un acuerdo plenario para suprimir este servicio, considerándolo impropio y económicamente insostenible.
Los dos agentes presentaron un recurso en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Sin embargo el tribunal no lo admitió a trámite, dando por buenos los argumentos del gobierno municipal, basados en su poca funcionalidad y el coste económico que suponía. Los dos trabajadores -en este caso no funcionarios- recibieron el ofrecimiento de pasar a realizar otras funciones dentro del Consistorio, "que fueran más útiles para los vecinos". Aún con este precedente, la magnitud de una supresión en Siero sería infinitamente mayor.
