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Villaviciosa investiga por qué no se acabó la urbanización de tres calles en el centro

El gobierno sospecha de irregularidades en un convenio urbanístico firmado durante el mandato del PP que no se llegó a ejecutar al completo

El gobierno socialista de Villaviciosa abrió ayer un expediente para investigar irregularidades detectadas en la urbanización de las calles Doctor Pando y Valle y La Oliva, así como en la prolongación de la calle Asturias. Este asunto sale a la luz tras haber recibido el Ayuntamiento varias quejas de vecinos entre 2011 y 2015 donde se incide en la falta de conclusión y de urbanización de la unidad de actuación. El tema es que, según explican desde el gobierno maliayés, el Ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con una promotora, que se aprobó en el Pleno del 29 de noviembre del año 2000 (con el Partido Popular en el gobierno), pero no se cumplió.

Una de las irregularidades apreciadas por los técnicos municipales en la actualidad es que "se advierte que el proyecto de urbanización no abarca la totalidad de la UE (unidad de actuación) 5, pues parte había sido ejecutado por la empresa de forma anticipada en virtud del convenio urbanístico aprobado por acuerdo pleno de 29.11.00, aspecto este que no se justifica en el proyecto examinado".

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, detalla, además, que en la información recabada por los servicios municipales y de los expedientes "no consta que aclarasen las advertencias del secretario, previo a la aprobación definitiva", como tampoco la constitución de fianza por importe equivalente al 6% del coste de las obras, ni el informe técnico favorable de los servicios municipales ni la recepción de las obras. Por todas estas razones, Alejandro Vega, mediante una providencia de Alcaldía, acuerda abrir el expediente de investigación sobre la actuación administrativa municipal de este espacio, requerir a la secretaría que recabe información para conocer la situación registral de las parcelas en cuestión, así como informes a varios servicios municipales para dirimir si las actuaciones urbanísticas se realizaron bajo las normas en vigor o no y, en su caso, exigir responsabilidades.

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