La titular de la mayor parte de instalaciones de transporte de energía de España, el operador Red Eléctrica (REE), ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la tasa por uso de suelo público de Siero para el transporte de energía, aprobada a nivel municipal. Propuesta por IU y llevada a pleno por PSOE, este impuesto -que ya cobran en múltiples municipios del país- supondrá unos 24.000 euros para las arcas municipales durante 2020.
El recurso por parte de REE estaba cantado, ya que se ha repetido en todos los municipios que han tomado la decisión de implantar la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. De hecho, el Ayuntamiento de Siero retrasó su implantación hasta finales del pasado año, a la espera de ver como actuaban los tribunales en otros casos.
Una vez que se creó una jurisprudencia favorable, los socialistas llevaron al pleno la propuesta, que solo tuvo el voto en contra de Somos que, entendía, que las compañías acabarían repercutiéndole la tasa al usuario.
Las empresas sobre las que recae este impuesto son las de transporte de la energía eléctrica, gas e hidrocarburos, que discurren por montes públicos, bienes comunales y otros espacios públicos del concejo. Esta es la segunda tasa que se aplica a las compañías del sector, sumándose a la de ocupación de suelo, subsuelo y vuelo dentro de los núcleos urbanos.
El número de empresas afectadas por la medida rondan las diecisiete y las estimaciones de recaudación anuales por la misma son de 24.000 euros.
Para la elaboración de la ordenanza relativa a este impuesto, el consistorio recurrió a una asesoría jurídica especializada con el objetivo, precisamente, de evitar que pueda haber alguna complicación legal. Por tanto y, a la vista de anteriores decisiones judiciales, el recurso de REE no genera excesiva preocupación en el gobierno municipal.
El impuesto entró en vigor en el mes de enero, después de ser aprobado en pleno municipal a finales del mes de octubre. La ordenanza que incluía esta nueva tasa comenzó a redactarse en verano, poco después de que este periódico avanzase la intención de llevarlo a cabo del gobierno municipal.
De esta manera se daba forma a una petición que IU venía haciendo desde el año 2017. Los socialistas apuntaron que les parecía bien la idea, pero que habían esperado por un contexto de jurisprudencia favorable, tras varias sentencias favorables a municipios, para aplicarla.
