La consejera de Derechos Sociales del Principado, la socialista Melania Álvarez, asegura que comunicarán antes del verano las condiciones de realojo para los vecinos de Pumarabule (Siero) afectados por problemas en sus viviendas sociales desde 2009. Asimismo, garantizó en sesión parlamentaria, a pregunta del diputado de Podemos Rafa Palacios, que los vecinos "pueden estar tranquilos, ya que las condiciones serán lo suficientemente flexibles". Además, reconoció que hay un nuevo retraso en las obras, a raíz del parón de la construcción por la situación sanitaria.
Álvarez defendió que han mantenido comunicación fluida con los afectados, algo con lo que no coinciden ellos mismos y tampoco Palacios. Ambos denunciaron en este mismo periódico una situación de falta de transparencia, a la vista de que no se les acababa de decir cuánto y cómo van a tener que pagar por una nueva vivienda pública, después de que las suyas se agrietasen más de once años atrás.
Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el Principado ya tiene definidos cuáles serán los parámetros a cumplir por los afectados y pretende comunicárselos en próximas semanas. "Les plantearemos las condiciones generales antes del verano y después iremos ajustándolas individualmente, ya que se dan situaciones muy variadas".
La otra cuestión por la que volvió a preguntar Palacios fueron los plazos de finalización de la obra, que se vienen retrasando ya en cuatro ocasiones. Inicialmente, se había marcado como fecha de entrega para las viviendas -que construye Vipasa- el primer trimestre de 2020. Posteriormente, esta fecha se retrasó hasta el verano, y en una tercera ocasión, hasta final de año.
Ahora, el parón de las obras a raíz de la crisis sanitaria por el covid-19 pone en duda que la finalización llegue antes de 2021. Además, un talud continua deslizándose hacia las nuevas viviendas y amenaza con ponerlas en riesgo. Una dificultad técnica que están a tiempo de solucionar, pero que complica la instalación de algunos servicios del edificio que iban a estar en el exterior.
Mientras, muchos de los afectados continúan viviendo en sus domicilios, seriamente deteriorados. Otros ya han fallecido o han acabado por desesperarse y se han mudado con sus hijos. Así lo relatan los colectivos vecinales y el representante de Podemos, que en varias ocasiones ha acudido a la zona.
Víctor Fernández, presidente de la Asociación La Malpica, cuenta que "la mayoría de los que viven allí son personas mayores, que ya están jubiladas y no están como para meterse en una hipoteca a estas alturas". De ahí la preocupación, ya que desconocen si se les dará algún dinero por los domicilios de obra pública que compraron y se deterioraron, o cuánto les pedirán por los nuevos.
Ahora parece que el fin de la incertidumbre está más próximo, si el gobierno regional cumple con lo planteado ayer por Álvarez y aclara las dudas antes del verano. Por ver quedará también quién y de qué manera puede acceder a las viviendas sobrantes, ya sea porque las personas a realojar no las quieren o han fallecido.
En todo caso, los nuevos domicilios difícilmente podrán estar habitados antes de 2021, cuando ya se cumplirán 12 años del inicio del problema.
