El Ayuntamiento de Siero sigue buscando resquicios de donde poder recortar gasto, manteniendo los servicios actuales, y ha decidido amortizar ocho plazas que están vacantes dentro del cuerpo de la Policía Local. Unas plazas que se habían dejado como no disponibles para este año, en una modificación de crédito aprobada recientemente. Sin embargo, el ejecutivo ha optado por eliminarlas definitivamente, lo que implicará un ahorro de 319.227 euros anuales, según las cifras que maneja el gobierno.
La plantilla quedará entonces con 47 agentes -incluyendo dos que se incorporarán de la próxima oposición regional-, un comisario -recientemente nombrado-, un inspector -pendiente de nombrar- y un auxiliar, en una nueva plaza que se creará.
Además de un importante ahorro para las arcas municipales, más de 300.000 euros, la decisión supone renunciar a una ampliación de plantilla, algo que viene reivindicando desde hace años el sindicato policial SIPLA, gravemente enfrentado con el alcalde.
Sin embargo, la impresión del gobierno municipal es que la clave "está en la gestión". Algo que lleva aparejado mantener o disminuir -como en este caso- el gasto, pero "mantener o mejorar los servicios".
Una conjunción de factores con la que el SIPLA ha mostrado su desacuerdo en otras ocasiones. De hecho, una parte del conflicto entre el gobierno municipal y la facción mayoritaria de la plantilla de agentes municipales -representada por este sindicato- viene por tener visiones contrapuestas sobre esta materia.
Y es que este sector de la policía viene defendiendo que es necesario aumentar el número de agentes, poniendo como referencia las recomendaciones de ratio de policías por habitante europeas.
No lo ve así el gobierno municipal, que en pleno conflicto siempre apuntó a un problema de rendimiento. Por el momento, el asunto del supuesto "absentismo injustificado, horas extra y vacaciones de más", denunciado por el Alcalde, Ángel García, parece solucionado, con la llegada del nuevo comisario. Así lo expresó el regidor en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.
Viendo el funcionamiento actual del cuerpo y la incertidumbre por la situación económica en la que quedará el Ayuntamiento a partir de 2021 -se estima que perderá entre dos y cinco millones de euros de presupuesto-, se ha tomado la decisión de descartar estas ocho plazas.
La amortización tiene que ver precisamente con los presupuestos de los próximos años. Si en 2020, como se había aprobado, las plazas se declaran inaccesibles, en 2021 la asignación económica para esos puestos volvería a tener que aparecer en las cuentas municipales y, de no cubrirse, esta pasaría al remanente, que el Ayuntamiento no está pudiendo utilizar por la ley de techo de gasto.
