Una grabación de audio -a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA- es la prueba clave en la denuncia de un vecino y empresario de Noreña, Pedro García, que asegura que el gobierno municipal de IPÑ -en este caso representado por la alcaldesa, Amparo Antuña- le vetó de hacer obra pública. En dicho audio, el afectado mantiene una conversación con los arquitectos municipales y uno de ellos apunta a la Alcaldesa y al concejal de Urbanismo, Pelayo Suárez, como autores de una orden para no encargarle trabajos menores dada su mala relación por querellas anteriores. Antuña declaró ayer en el juzgado de Siero en calidad de investigada por tal caso. Además, acudieron los dos arquitectos municipales como testigos. Ambos defendieron que la Alcaldesa no había dado orden alguna y que las decisiones tomadas por la concejalía de Urbanismo se encuentran dentro de lo legal.
Fuentes del caso explican que al menos uno de los testigos defendió la gestión que hizo el Ayuntamiento. "Lo que el denunciante suele hacer es traer material o hacer porciones de obras para las que no disponemos de recursos municipales. Hablamos de cosas que a veces no son de cien euros y que no suponen en sí mismo un contrato. La concejalía de Urbanismo tiene la potestad de decidir", comentó uno de los interrogados al magistrado. Lo cierto es que los contratos menores no salen a concurso, pero sí debe optarse por las ofertas más favorables para los intereses de la administración local.
Sin embargo, en la grabación de voz se menciona una indicación para no encargar nada al denunciante, que llevó a los juzgados al Ayuntamiento por no atender sus denuncias por la presencia de la banda de moteros "Los Ángeles del Infierno" en un local junto a su domicilio y los problemas que le ocasionaban. Perdió la demanda.
Según ha podido saber este periódico, uno de los testigos que aparece en la grabación ha cuestionado ante el juez la transcripción del audio desvinculando a Antuña. Esa grabación podría ser pieza clave en el caso, que también depende de la interpretación que se haga de las leyes de contratación. Sin ir más lejos, los testigos defienden la libertad municipal para escoger "quién te trae una excavadora".
Por su parte, el empresario afectado ha llegado a hablar de "persecución municipal" y entiende que hay una "venganza" por sus denuncias en el caso de la banda de moteros.
"Los Ángeles del Infierno" han sido un quebradero de cabeza para Pedro García, pero también para el propio gobierno municipal. Tras tiras y aflojas, la banda volvió a Noreña en febrero de 2019. La Policía Local tuvo que quitar el precinto de sus instalaciones en la zona de La Felguera después de que el contencioso-administrativo fallara a su favor. El colectivo había presentado un recurso frente a la orden de cierre decretada por el Ayuntamiento año y medio antes. Clausura que se produjo después de varias quejas vecinales, por ruidos, que acabaron derivando en una denuncia a la alcaldesa, Amparo Antuña, por supuesta prevaricación por no actuar para frenar las molestias y posibles irregularidades de la sede.
La demanda fue archivada y "Los Ángeles del Infierno" tuvieron que cesar su actividad en el local de la Villa Condal tras las medidas adoptadas por el Consistorio. Sin embargo, recurrieron y se les permitió retornar. El vecino afectado no cesa y ha denunciado a la secretaria municipal por ocultar información respecto a la banda en su proceso judicial.
A la par, continúa la investigación sobre el caso de la obra pública. El magistrado aceptó a trámite la demanda del vecino, apoyada en la citada grabación de audio. La Alcaldesa de Noreña, por su parte, no respondió a los intentos de contacto de este periódico para que explicara su versión.
