El abogado del empresario noreñense Pedro García, que ha denunciado que el gobierno de Noreña le veta para ejecutar obra pública, ha solicitado al juez que cite como investigado al edil de Urbanismo, Pelayo Suárez. La petición llega después de que declarase la alcaldesa, Amparo Antuña, en calidad de investigada ante el juez, además de los arquitectos municipales, que rechazaron que la regidora diera orden de no contratar al empresario.
La acusación considera que los testimonios de los arquitectos -además de una grabación realizada por el afectado- señalan al concejal como responsable de la decisión de no contar con los servicios de la compañía de este vecino que en el pasado tuvo problemas con el gobierno local.
El gobierno de IPÑ señaló ayer, a preguntas de este periódico, por boca de la vicealcaldesa, Ana González, que "siempre se han atenido a la ley de contratación" y no entienden que haya ninguna irregularidad.
Según el abogado, Carlos Cima, el edil pudo haber incurrido en delitos de prevaricación y coacciones. El primero al haber descartado "por venganza" a la empresa de García. El segundo, por la orden a los funcionarios de no contar con el para ninguna obra. "Una cosa es que puedan decidir en base a la oferta y a las capacidades técnicas, quien participa en una obra menor, y otra que usen como venganza contra él los fondos públicos", resume el abogado.
El vecino denuncia que se le ha vetado de la obra pública, que llevaba muchos años realizando, por haber denunciado previamente al gobierno municipal por su gestión en el caso de la banda motera "Los Ángeles del Infierno". Colectivo que se instaló en una vivienda a pocos metros de su casa y le generó molestias. Según García, el gobierno local no actuó correctamente para frenar esas molestias. No obstante, perdió el caso en los juzgados.
La prueba inicial que tiene la acusación es una grabación en la que el afectado habla con uno de los arquitectos municipales. En esta, el funcionario le apunta que, la alcaldesa, Amparo Antuña, y Suárez, dieron la orden taxativa de no contar con el. Sin embargo, los dos arquitectos municipales declararon ante el juez que Antuña no tuvo nada que ver.
