El caso de un corredor de seguros de Grado que habría estafado 22.000 euros a al menos 68 clientes pasó ayer por el juzgado. La acusación, representada por la fiscalía, la aseguradora para la que trabajaba y por una de las perjudicadas entiende que cobraba en metálico y en su número de cuenta a los usuarios que, en muchos casos, nunca eran dados de alta como clientes de la empresa. Además, también entienden que hay irregularidades en algunas de las pólizas que, si se completaron, como nombres de conductores que no se corresponden o algunos clientes que podían llegar a tener "hasta 208 pólizas, algunas de un único día de duración".
El acusado, de iniciales M. F. A., estuvo a punto de aceptar un año de prisión -en vez de los tres que se le piden-, antes de iniciar el juicio. Sin embargo, acabó optando por declararse inocente. El hombre, que comenzó a trabajar como corredor de seguros exclusivo para la empresa en 2011, lo negó todo. "En poquísimas ocasiones, ni un 1% cobraba en mano y, si lo hacía, era porque había adelantado el dinero a gente para que no se fuera de la compañía o para salvarles de situación de descubierto en cuenta", dijo a la jueza.
También rechazó haber entregado falsos justificantes de pago y aseguró que, cuando algún cliente le ingresaba dinero en su cuenta particular, "era porque yo había adelantado ese dinero". Asimismo, indicó que los cambios de cifras de precios de los seguros reflejados en los justificantes bajo su firma, "estaban autorizados por la compañía". A esta echó la culpa de que los clientes no tuvieran las pólizas activas. "Las cantidades se domiciliaban y a partir de ahí era una cuestión de la empresa, no mía. Ellos fiscalizan constantemente. Nunca me dijeron nada de problemas hasta que vino un notario a comunicarme el despido. Pocos días antes había estado cenando como premio por rendimiento con la cúpula de la empresa", concluyó ante la jueza.
Una vez terminó su intervención, comenzó a desfilar la larga lista de testigos. Estaban llamados 16, uno no acudió y otro tuvo que aplazarse al no entender castellano. En todo caso, las versiones de todos fueron muy similares y totalmente contrarias a lo declarado por el acusado.
Todos mantenían una relación directa con M. F. A. y en ningún momento trataban con la compañía. Dicen que casi siempre pagaban en mano y, si no, lo ingresaban en la cuenta del banco que este les había dado. Algunos sufrieron accidentes de tráfico y cuando quisieron hacer uso de la póliza descubrieron que no existía. Otros padecieron daños en sus casas y los restantes fueron parados por la Guardia Civil, que les multó por no tener el seguro preceptivo.
Todavía quedan cuatro jornadas de juicio, en las que los demás afectados pasarán a declarar por la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo. Todo para tratar de confirmar la tesis de la fiscalía.
Esta entiende que, desde que inició su labor hasta mediados de 2016, el acusado cobró repetidamente en metálico a los clientes de la compañía cantidades destinadas al pago de las correspondientes pólizas de seguro que, en lugar de entregar a la aseguradora, hizo suyas aplicándolas a usos propios, sin llevar a cabo los trámites necesarios para que las pólizas llegasen a estar en vigor.
En otras ocasiones habría facilitado a los clientes el número de distintas cuentas bancarias, ajenas a la aseguradora y controladas por él, para que efectuasen el pago de las primas, quedándose con el dinero.
El acusado habría ocultado en todo momento a los clientes en cuestión el verdadero destino de las sumas que abonaban, para lo cual les hacía entrega de diversos documentos, tales como impresiones de pantalla, recibos o certificados, en los que estampaba su firma y el sello de la agencia, indicándoles que de tal forma quedaba justificado el pago de la prima, siempre según la versión del fiscal.
Los clientes afectados son, al menos, 68. El total de las sumas abonadas por estos clientes asciende, como mínimo, a 22.308 euros.
