El concejal de Urbanismo de Noreña, Pelayo Suárez, declaró ayer como investigado por supuestamente vetar a un empresario, vecino del concejo, para contratos de obra pública en base a sus malas relaciones con el gobierno de IPÑ, tal y como denunció el afectado.
Suárez negó que existiera un "veto u orden taxativa de su parte" al contrario de lo que expresaron en sus declaraciones ante el juez los arquitectos municipales, y apuntó a un cambio de criterio a la hora de contratar las obras. Lo que sí reconoció es que por las denuncias anteriores que Pedro García había puesto contra el Ayuntamiento y por el hecho de que hubiese grabado una conversación con los arquitectos existía "recelo" hacia él y eso pesó a la hora de decidir a quién encargar los trabajos.
En su declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Suárez descartó cualquier vinculación de la alcaldesa, Amparo Antuña, con la contratación, afirmando que esas funciones las asumió la vicealcaldesa, Ana González.
La causa se abrió gracias a una grabación presentada por el demandante en el juzgado número 2 de Siero. Este audio recogía una conversación entre el perjudicado y los arquitectos municipales, que afirmaban que había molestia con él por sus denuncias en el caso de Los Ángeles del Infierno. Por lo que la Alcaldesa y el Concejal de Urbanismo les habían dado una "orden taxativa" de no llamarle para ninguna obra.
Inicialmente, el juez citó como investigada a Antuña y a los dos arquitectos en calidad de testigos. Estos descartaron la implicación de la regidora, pero sí apuntaron haber recibido la orden de Suárez.
El juez decidió entonces llamarlo como investigado y ayer tuvo que acudir a declarar. Según el relato del edil, "el Ayuntamiento ha dejado de contratar trabajos puntuales, optando por licitar las obras completas", con el objetivo también de que no haya problemas de fraccionamiento de contratos. Subraya Suárez que no ha dado "ninguna orden taxativa de que no se le contrate", aunque reconoció que sí existen diferencias con él y que estas influyeron en sus decisiones: "Ha perdido la confianza del Ayuntamiento por las acciones legales que ha tomado contra él y su personal. Además, el hecho de que grabara la conversación con los arquitectos nos ha generado recelo", comentó al juez el concejal.
En base a esto e insistiendo en que "no ha habido veto o descarte", explica que a la hora de la contratación menor se valoran "circunstancias de todo tipo, económicas, jurídicas, técnicas y también las de confianza".
