La denuncia contra el concejal de Urbanismo de Noreña, Pelayo Suárez, por un supuesto veto –debido a malas relaciones pasadas– a un vecino de la Villa Condal que hacía obra pública, ha quedado archivada. La jueza justifica el sobreseimiento en la libertad de las administraciones a la hora de elegir quien se encarga de las obras menores. El demandante, Pedro García, que ya había pleiteado con el Ayuntamiento por otros motivos, ha recurrido el carpetazo a la causa.
Esta se abrió gracias a una grabación presentada por el demandante en el juzgado número 2 de Siero. El audio recogía una conversación entre el perjudicado y los arquitectos municipales, que afirmaban que había malestar con él por sus denuncias acerca del conocido como caso de Los Ángeles del Infierno, un club motero cuya actividad en la villa provocó polémica tiempo atrás.
Según el denunciante, responsables del equipo de gobierno habrían dado una “orden taxativa” de no llamarle para realizar obra municipal alguna. Inicialmente, el juez citó como investigada a la alcaldesa, Amparo Antuña, y a los dos arquitectos en calidad de testigos. Estos descartaron la implicación de la regidora, pero sí apuntaron haber recibido la orden del edil Suárez.
El magistrado decidió entonces llamar al concejal, también como investigado, por lo que tuvo que acudir a declarar. Según el relato del edil, “el Ayuntamiento había dejado de contratar trabajos puntuales, optando por licitar las obras completas”, con el objetivo también de que no hubiese problemas de fraccionamiento de contratos.
Asimismo, Suárez aseveró que no había dado “ninguna orden taxativa de que no se le contrate”, aunque reconoció que sí existían diferencias con el demandante: “Ha perdido la confianza del Ayuntamiento por las acciones legales que ha tomado contra él y su personal. Además, el hecho de que grabara la conversación con los arquitectos nos ha generado recelo”, comentó en su momento al juez el concejal noreñense.
Basándose en esto y en que “no ha habido veto o descarte”, explicaba que, a la hora de la contratación menor, se valoran “circunstancias de todo tipo, económicas, jurídicas, técnicas y también de confianza”.
Una vez instruido el caso en el juzgado sierense, pasó a Oviedo, donde, según ha podido saber este periódico, ha sido sobreseído por la magistrada encargada. Entiende esta que el Ayuntamiento obró dentro de su libertad para elegir quien se encarga de contratos menores, de baja cuantía. Algo que también habían puntualizado los testigos, tanto los arquitectos municipales como el edil en sus declaraciones ante el juez de Siero.
Sin embargo, la postura del demandante es que se obró “por venganza” y quieren continuar con el caso. De hecho, ya han presentado un recurso para intentar reabrirlo y que al menos se llame a declarar al denunciante, Pedro García.
Así, el conflicto entre este vecino de Noreña y el gobierno municipal no ha parece haber tocado a su fin, a la vista de que el demandante anuncia recurso contra la decisión de archivar la causa.
