“No nos vamos a rendir”. Con esta frase manifestaba ayer la presidenta de la Asociación Río Espasa, Mercedes García, la firme intención de un grupo de vecinos de Perlora de continuar su cruzada contra el actual Plan General de Ordenación (PGO) de Carreño. Y también contra la intención del Ayuntamiento de validarlo sacando a información pública durante dos meses la parte del planeamiento referente a Perlora y Carrió, con el fin de elaborar a continuación el texto definitivo del PGO, pendiente desde que hace un lustro, tal y como aconsejó Consejo Consultivo del Principado de Asturias y como había señalado ya en 2017 el PP local.
Hoy será un día clave para el futuro urbanístico de Carreño. Porque, en el transcurso de un pleno telemático, el equipo de gobierno, del PSOE, someterá a votación la apertura de un nuevo trámite de información pública sobre el urbanismo de Perlora y Carrió. Una iniciativa que los afectados de Perlora consideran una argucia de los dirigentes locales para evitar la redacción de un nuevo plan general, su principal reivindicación.
Mercedes García dejó claro que la información pública y la posible aprobación posterior del texto refundido no les satisface. Y que si bien alegarán durante la exposición del documento, se reservarán el derecho a recurrir la aprobación plenaria de hoy, que previsiblemente se producirá porque el PP tiene intención de apoyar la moción, y a impulsar cuantas acciones judiciales les permita la ley. “Seguiremos dando la batalla”, anunció García, quien resaltó que desde el Ayuntamiento no se les ha consultado “nada” sobre lo que hoy se lleva a pleno.
La presidenta de Río Espasa aclaró que la vía judicial “aún no está cerrada”, puesto que aunque las últimas sentencias fueron contrarias a sus pretensiones de anular el actual PGO, aún les queda la posibilidad, hasta el próximo 26 de enero, de presentar un recurso de casación. La decisión de si se seguirá esa vía o no se decidirá en las próximas semanas en una asamblea del colectivo. En todo caso, la asociación consultará a sus asesores técnicos y a sus abogados antes de adoptar una decisión.
Los vecinos contrarios al actual PGO consideran que el planeamiento de Perlora y Carrió afecta también en varios aspectos al resto del concejo; por ejemplo, en lo que se refiere a los sistemas generales (elementos que establecen la estructura general del territorio y lo ordenan, como comunicaciones, espacios libres, equipamientos comunitarios, centrales y tendidos eléctricos, entre otros). Además, coinciden con algunos grupos municipales al considerar que el planeamiento vigente está “obsoleto”, al menos para algunas zonas del concejo, y no satisface las necesidades reales de la población y de los propietarios.
Un nuevo planeamiento
García señaló que el deseo de los afectados es que el Ayuntamiento “respete” la moción aprobada por la oposición hace unos meses, en la que se acordó iniciar la redacción de un nuevo plan general. “Es por lo que venimos luchando desde hace un montón de años”. De hecho, las reivindicaciones de los vecinos siguen siendo las mismas que hace diez años: “respeto a lo preexistente, igualdad de trato y rechazo a la especulación urbanística”. Y es que los vecinos consideran, por ejemplo, que el convenio de la cantera de Moreda que favorece a una gran empresa eléctrica y perjudica a los pequeños propietarios.
Los orígenes del conflicto
- Octubre de 2001. Inicio de los trámites para revisar las normas subsidiarias.
- Diciembre de 2002. Apertura del período de información púbica sobre la futura ordenación urbanística.
- Noviembre de 2005. El Ayuntamiento rechaza y no tramita el documento de aprobación inicial.
- Mayo de 2010. Aprobación inicial del PGO.
- Marzo de 2011. Aprobación provisional .
- Diciembre de 2011. La CUOTA aprueba solo parcialmente el planeamiento y ordena introducir cambios.
- Febrero de 2012. El Ayuntamiento somete a información las modificaciones sustanciales incorporadas en Perlora y Aboño.
- Julio de 2012. El pleno municipal decide por segunda vez no aprobar las alegaciones vecinales. Son eliminadas del texto refundido, remitiendo la ordenación en las zonas afectadas a las normas subsidiarias de 1986.
