El realojo de los vecinos afectados por las grietas en las viviendas sociales de Pumarabule, en Carbayín (Siero), continúa sufriendo retrasos. El último plazo prometido apuntaba a sacar la oferta de las nuevas viviendas en este primer mes de 2021. No se ha cumplido, ya que, según indica la Consejería de Derechos Sociales, “falta colocar la instalación del gas”. El Principado ya no da plazos para concluir este apartado y, por tanto, tampoco para hacer pública la oferta de vivienda, que los afectados esperan como agua de mayo: “Estamos permanentemente mirando el BOPA”, cuentan quienes llevan más de una década viviendo en casas agrietadas.
El caso del realojo de las 30 familias de la localidad sierense ya viene de lejos. En 2009 aparecieron las primeras deficiencias, agravándose rápidamente, hasta que se empezó a temer por la posibilidad de que se derrumbaran.
Entonces el Principado comenzó a buscar el terreno e inició el proyecto de nuevos pisos frente a donde están situados las actuales. El plazo inicial para el final de las obras fue a principios de 2020. Con el paso del tiempo algunos vecinos fallecieron, “otros decidieron irse con sus hijos y otros ya no se ven para salir de sus casas, a pesar del riesgo”.
A pesar de que el nuevo bloque estaba en construcción, no fue hasta finales de 2020 cuando se transmitió a los propietarios de las viviendas defectuosas las condiciones para acceder a las de sustitución. En esa fecha, según el plazo inicial, las casas ya deberían haber llevado unos diez meses en pie.
El retraso en los tiempos, justificado por el covid-19, y los términos en los que se ofertarán las viviendas, tiene a los residentes desesperados.
La demora comenzó a principios de 2020. Entonces se apuntó a los meses de abril o mayo como el momento en que se entregarían. Tampoco fue así, atrasándolo el Principado hasta finales de año, escudándose en la situación de pandemia. Llegado el momento, se aseguró que a principios de 2021 se entregarían, aludiendo a las filtraciones que sufrieron en noviembre los garajes recién construidos, que necesitaban repararse, como excusa de alargar la obra una vez más.
En ese momento, los vecinos de la barriada ya conocían las condiciones de realojo y no les gustaban. Los afectados tendrán que pagar 1.200 euros por metro cuadrado, de los que se descontará el valor actual de sus domicilios, que se encuentran en ruinas. A todos los damnificados les parece “ilógico e injusto” y piden que, “ya que las casas que nos vendieron estaban defectuosas”, les cambien una por otra, sin mayor coste o, al menos, que solo paguen la diferencia de metros.
Esta perspectiva de tener que abonar una cantidad importante por el cambio de domicilio, tiene muy inquietos a los vecinos, que esperan cada día ansiosos a ver si finalmente se publica la oferta de viviendas. Algo que hasta ahora no ha pasado y que tampoco parece inminente, dado que se ha producido un nuevo retraso en la construcción, aunque solo falta instalar el sistema de gas.
Una vez resuelto, la obra se dará por concluida y el bloque de pisos saldrá a la venta, dando prioridad a los vecinos considerados “muy afectados” y “afectados”. Por ver está si finalmente la mayoría de las familias optan por mudarse o no, o siquiera si pueden hacerlo, en función de su situación económica.
En principio, tras conocer la reacción vecinal, el Gobierno regional se mantuvo firme en las condiciones y no hay previsión de que estas cambien.
