Un vecino de Candamo se enfrenta a cuatro años de cárcel por posesión y distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp. Para la Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, no hay duda de que el investigado y ahora detenido ha mostrado interés "por contactar, conocer y compartir contenidos y experiencias pederastas con otros" usuarios. La vista oral está señalada para mañana, 2 de febrero, en Avilés.

La investigación se remonta al momento en que la Brigada de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Nacional llevó a cabo una operación nacional contra la pornografía infantil y detectó la difusión en un grupo de WhatsApp que compartía la imagen de un menor participando en un acto sexual con adultos. El Ministerio Fiscal sostiene que, entre los miembros que componían ese grupo de WhatsApp de temática pedófila, se encontraba un usuario que distribuyó y compartió archivos de pornografía infantil desde un número de teléfono móvil cuyo titular y usuario es el acusado, vecino del concejo de Candamo.

Previa autorización judicial se procedió a la entrada y registro en el domicilio del acusado y en el mismo se encontraron dos tarjetas y un teléfono móvil, en los que se hallaron gran cantidad de archivos de pornografía infantil. El acusado había creado una cuenta desde la cual solicitaba la remisión y enviaba de forma intencionada y voluntaria archivos de contenido pedófilo, interesándose por contactar, conocer y compartir contenidos y experiencias pederastas con otros. Entre otros, el día 22 de octubre de 2019, el acusado envió un vídeo de 4 minutos y 35 segundos en el que se veía la violación de un bebé por parte de un adulto.

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito de posesión de pornografía infantil y de un delito de distribución de material de pornografía infantil de los artículos 189.5 y 189.1 b) del Código Penal, en concurso de normas del artículo 8.3. Y por eso solicita que se condene al acusado a 4 años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el desempeño de cargo, empleo, oficio o profesión relacionados con menores de edad o en centros de menores durante 5 años y abono de las costas procesales.