El caso del joven de Villanueva, en la parroquia de Vega de Poja (Siero), que lleva dos años sin transporte escolar, podría llegar a la Fiscalía de Menores. Así lo solicitan tanto su madre como Izquierda Unida (IU), que ponen de relieve lo que entienden es una responsabilidad de la Consejería de Educación por no facilitar un servicio “esencial” al menor. La familia del afectado está “harta” de buscar soluciones y asegura que peleará “hasta el final”, para defender sus derechos.

El planteamiento de acudir a Fiscalía partió de IU, tras observar como la institución intervenía en casos de alumnos a los que sus progenitores no mandaban a clase por temor al covid. La madre del joven de 13 años, Beatriz Rodríguez, se muestra de acuerdo con la petición de IU, fundamentada en que se actúe de igual manera “en persecución de los padres, que de la Consejería”.

La situación que se da en Siero supone un grave problema para la familia, que tiene dificultades para mantener la escolarización del joven. Primero pagaron un taxi por adelantado y solicitaron una ayuda a Educación, que les daba “una cantidad muy inferior a la que costaba el servicio”. Finalmente, a través de un recurso, Rodríguez consiguió que le abonaran la totalidad del dinero.

Sin embargo, según relata, en el mes de febrero de 2020, “el taxista se cansó de la situación”. Desde entonces, Beatriz Rodríguez se ha tenido que arreglar para por la mañana dejar primero a su hijo en la Pola, volver con su hija pequeña para que coja el autobús e ir a trabajar; y, por la tarde, “los recoge el abuelo, que tiene esclerosis, ha sufrido dos infartos y, si se pone malo, como ya ha sucedido, no podría hacerlo”.

A pesar de su insistencia, hasta la fecha, la familia no ha conseguido que nadie le dé una solución definitiva.