Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo obliga al cierre de la gasolinera de Ullaga, a la entrada de Pola de Siero y, además, a retirar y “demoler” el aparcamiento que construyó el Ayuntamiento junto a la estación de servicio. Así se desprende de la resolución judicial, que también exige que se retiren las escolleras en la rotonda y el antiguo vial de acceso a la A-64 y se retiren todas las canalizaciones e instalaciones de redes y servicios. El gobierno local evitó ayer hacer comentarios al respecto, mientras Somos Siero se mostró muy crítico con la gestión en este caso.
El culebrón con la gasolinera de Ullaga lleva coleando desde el año 2016, cuando se abrió la estación de servicio, contando con los preceptivos permisos municipales. Un particular denunció su ilegalidad, después de que a él no se le permitiera poner una actividad similar en las proximidades de la misma zona. Desde entonces, se han sucedido sentencias y recursos, con el gobierno local anunciando las que eran favorables y Somos Siero las que entendían que la gasolinera no era legal.
En esta ocasión, Somos Siero asegura que, con esta sentencia, “se demuestra que el Alcalde de Siero (Ángel García) faltó a la verdad cuando afirmó que todo estaba solucionado y en lugar de buscar la vía de solución propuesta por Somos Siero desde el primer momento, se empeñó en mantener el error que ahora va a suponer un enorme coste para los vecinos”. Por ello, dado que aún cabe recurso, pide al gobierno socialista que adopte una nueva estrategia, tratando de limitar posibles multas.
El fallo da un plazo de 5 meses al Ayuntamiento para adoptar las medidas requeridas
La propia sentencia hace mención a que la intención del Alcalde de solicitar la inejecución,” está fuera de lugar” y establece que la demolición del parking debe hacerse en un máximo de 5 meses. A este respecto, el fallo señala literalmente lo siguiente: “Se requiere al Ayuntamiento de Siero y, personalmente a su alcalde Ángel Antonio García González, para que proceda a dar estricto cumplimiento al fallo e informe al juzgado cada mes de la buena marcha, a la vez que prohíba el aparcamiento público”. Finalmente, la resolución del Juzgado indica que, si no se cumple con lo dispuesto, se procederá a imponer multas coercitivas al propio Alcalde y exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
Este es el último capítulo en la historia de la gasolinera, cuyos dueños solicitaron hace algo más de un año compensación económica al Ayuntamiento por el tiempo que permaneció cerrada. Le reclamaban, en concreto, 390.000 euros. En principio, el Consejo Consultivo avaló entonces que el Consistorio no pagara nada. Sin embargo, esta posibilidad sigue ahora en el aire.
