Nuevas víctimas ancianas a las que la confianza excesiva en un vecino o conocido les ha supuesto una cuantiosa pérdida económica. Ahora un nuevo caso llega a juicio y será un vecino de Siero el que tendrá que dar las explicaciones oportunas so pena de que le caiga una condena de 3 años de prisión si se prueba su estafa.
En concreto, la Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un sierense por apoderarse de más de 111.000 euros de un matrimonio mayor vecino, al que empezó a ayudar cuando el hombre fue trasladado a una residencia por su deterioro cognitivo.
El Ministerio Fiscal sostiene que los esposos, nacidos en 1927 y 1928, respectivamente, convivían en su casa de Siero hasta que, a principios de 2015, el hombre pasó a residir en un centro asistencial debido al deterioro cognitivo que presentaba. A partir de ese momento, la mujer continuó viviendo sola en la casa y el acusado (nacido en 1970), vecino y con quien existía una relación de confianza cimentada en los años de conocimiento y trato que tenían, le prestaba ayuda.
Dado que la mujer gozaba de una mínima autonomía personal y que requería a diario la ayuda de terceras personas, el acusado se prestó a darle la ayuda que necesitara. De esta forma, pasó a ser la persona a la que la mujer recurrió para que gestionara los reintegros de la cuenta de la que era cotitular con su esposo, con los que atendía sus gastos habituales. En esa cuenta se abonaban las pensiones que ambos cónyuges percibían y se cargaban los gastos de la residencia geriátrica, así como los cotidianos de suministros de la vivienda y la manutención y otros gastos menores.
Dice la fiscalía que lo habitual era que fuera el acusado quien efectuara los reintegros en un cajero con la libreta que le daba la mujer, dada la plena confianza que tenía en él.
Aprovechando dicha circunstancia, a lo largo del periodo comprendido entre enero de 2015 y enero de 2018, el acusado realizó numerosos reintegros de dinero de la cuenta de los esposos, dinero del que se apropió y que sumó un importe total estimado de 111.960 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y solicita que se condene al acusado a 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 8 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además del abono de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a los herederos del matrimonio –ya que ambos fallecieron después de 2018– en casi 112.000 euros más los intereses legales correspondientes.
